Fueron los abogados demandantes Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, por medio de un comunicado, quienes dieron a conocer la acción judicial presentada por la denunciante de Manuel Monsalve, quien se encuentra enprisión preventiva y formalizado por supuestos delitos de carácter sexual cuando era subsecretario del Interior.

Los juristas explicaron que “atendida la connotación pública de este caso y para evitar filtraciones de información sensible, inexacta o derechamente falsa (situaciones que ya han ocurrido con anterioridad) se nos ha solicitado por la víctima y su familia comunicar públicamente la presentación de esta denuncia de tutela laboral".

De igual forma, explicaron que ésta “busca obtener justicia y reparación, para que se adopten medidas ante el perjuicio y las vulneraciones de derechos fundamentales que ella sufrió y evitar que situaciones como las que vivió puedan volver a repetirse, especialmente en el sector público”.

La demanda fue acogida a trámite el 13 de febrero pasado por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago “en contra de la Subsecretaría del Interior, como empleador de la víctima, por los actos y omisiones ocurridos durante la vigencia de su relación contractual con dicha entidad, la cual no tiene por objeto obtener indemnizaciones o beneficios económicos, sino otro tipo declaraciones y/o reparaciones”, detallaron los juristas.

Entre los puntos resaltados en la demanda por tutela laboral es que “la Subsecretaría del Interior, representada por el exsubsecretario Monsalve, ha incurrido en actos vulneratorios sexuales laborales según el artículo 2 del Código del Trabajo, lo que ha afectado gravemente la integridad psíquica y física de nuestra representada, así como su libertad laboral y su derecho a no ser discriminada”.

Sostienen además que el organismo “actuó negligentemente al no tomar medidas adecuadas frente al acoso sexual sufrido por la víctima, tal como se explica en el caso, sin perjuicio de los delitos bajo investigación”.

Por tal razón, los abogados hacen responsables a la Subsecretaría del Interior ”de los daños y perjuicios sufridos por nuestra representada tanto pasados como presentes derivados estos actos violatorios fundamentales".