Hoy el paro de profesores de Atacama cumple 64 días, dejando como consecuencia que más de 30 mil niños y adolescentes de casi 50 colegios estén sin clases, con serio riesgo de perder el año escolar.

Y hasta el momento no se ve una solución rápida. Desde el Colegio de Profesores de esa región alegan que la infraestructura de los establecimientos que dependen del Servicio Local de Educación Pública (Slep) aún no reúne las condiciones mínimas para poder retomar las actividades, pese a que el gobierno ha planteado un cronograma para reiniciar las clases mañana.

Lo paradójico es que toda esta crisis que vive la educación de la región de Atacama y que ha llegado a La Moneda, comenzó en septiembre, mes en que el Estado desembolsó millonarios recursos para pagar no a uno, sino que a dos funcionarios por el cargo de “director ejecutivo” del Slep.

Los pagos millonarios

Según el portal de Transparencia, el actual director ejecutivo de esta instancia -creada en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con apoyo del actual oficialismo-, Luis Adasme Padilla, tuvo una remuneración bruta de $7.265.936 en el mes de septiembre.

De acuerdo al mismo portal, en los salarios pagados por el Estado figura un desembolso de $8.611.210 de sueldo bruto a Carlos Pérez Estay, también en calidad de director ejecutivo, pero quien se encuentra suspendido del cargo desde hace un año y siete meses luego que se iniciara una investigación por parte de Contraloría por presuntas irregularidades en su gestión. Por ley, mientras no haya resolución, los funcionarios suspendidos siguen cobrando su salario.

Otro salario alto que se registra en el portal de Transparencia es el de Pedro Lagos Arancibia, quien era jefe de planificación y gestión y que asumió como director ejecutivo subrogante en abril de 2022, luego de la suspensión de Pérez Estay. En abril de este año volvió a su cargo inicial, cuando Adasme fue nombrado como director ejecutivo. Según la prensa de la región ya abandonó el puesto mediante una «renuncia no voluntaria» tras la auditoría ministerial que destapó el presunto desorden financiero del Slep Atacama, en hechos ocurridos cuando precisamente él estaba a la cabeza de esa instancia. En todo caso, en el mes de septiembre, Lagos figura como jefe de planificación y control de gestión, percibiendo una remuneración bruta de $8.244.215.

Esto implica que en septiembre, sólo en el pago de estos tres sueldos, se desembolsaron más de 24 millones de pesos. El monto de ese mes fue superior al de los anteriores, debido al pago de bonos y otras remuneraciones adicionales que se efectúan normalmente en esas fechas en todas las entidades del Estado. Los otros meses del año se gastan unos 15 millones de pesos para cubrir los sueldos de estos tres funcionarios.

Subsecretaria de Educación: “Ahora tenemos un tercer director ejecutivo”

Desde el gobierno están al tanto de los problemas que ha generado la alta rotación de directores ejecutivos en este Slep de Atacama.

De hecho, este lunes, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, admitió en una entrevista en Cooperativa que esa es una de las aristas de la crisis.

“Ahora tenemos un tercer director ejecutivo”, dijo Arratia, refiriéndose a Adasme. Sin dar nombres, la subsecretaria explicó las circunstancias en las cuales el Slep de Atacama pasó en 13 meses por tres directores ejecutivos.

“Como gobierno iniciamos un sumario de remoción del director titular de ese servicio local en marzo de 2022 por problemas vinculados a gestión, a manejo de recursos financieros”, dijo en referencia a Pérez Estay.

Arratia continuó: “Cuando se comienza el sumario, él queda removido del cargo y asume un director ejecutivo subrogante. A ese director ejecutivo suplente, luego nosotros le iniciamos un sumario. Yo asumí en marzo y fui a Atacama, de hecho fue mi primer viaje a regiones, y ahí nos plantearon una serie de problemas que seguían existiendo en el servicio local. Entonces pedimos otra auditoría y en base a esa auditoría se han iniciado una serie de procedimientos (…). De hecho se le pidió la renuncia no voluntaria a la persona que había estado en la dirección ejecutiva suplente la mayoría del tiempo en que había sido esa auditoría”.

Nuevo informe de Contraloría vuelve a poner la lupa sobre el Slep Atacama

La Contraloría Regional dio a conocer un informe, luego de auditar “los ingresos por concepto de recuperación de licencias médicas en el Slep Atacama, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022”.

Entre los principales resultados, el informe señala que existen 11.120 casos de licencias médicas de personas dependientes del Slep Atacama por una suma total que supera los 5.000 millones de pesos, “en estado de aprobadas y en algunos casos ampliadas, que no han sido recuperadas por el SLEP Atacama al 31 de diciembre de 2022″.

«Las observaciones indicadas por la Contraloría evidencian un negligente accionar en materia de licencias médicas, registro, control y cobro; lo que demuestra la inexperiencia del Slep Atacama y sus autoridades, pero sobre todo cuestionamientos en la forma e implementación en que se han materializado los traspasos de recursos y funcionarios bajo el proceso de desmunicipalización de la educación pública. Esto ha origina incluso, que la Contraloría ordenara un sumario contra la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación», afirma a El Líbero Christopher Gotschlich, abogado experto en temas administrativos.

Ya el Slep Atacama tenía la lupa sobre sí, no sólo por el paro que ha tenido a los estudiantes sin clases por casi dos meses, sino por una auditoría previa que concluyó que su sistema del control interno es “insatisfactorio”.

En el documento se advierte de una posible desviación de recursos públicos por transferencias entre cuentas por más de 100.000 millones de pesos. Además, se da cuenta de la falta del reintegro mensual de recursos a la Tesorería General de la República por los pagos centralizados, así como de contrataciones y aumentos de grados sin autorización de la Dipres.

El tema está lejos de terminar. Ayer, un grupo de 30 apoderados, acompañados por el senador por esa región, Rafael Prohens (RN), acudieron a la Corte de Apelaciones de Copiapó para interponer un recurso de protección.

Fuente: EL LIBERO