En una verdadera caja de pandora se podría transformar el fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la senadora socialista, Isabel Allende, si es que la resolución del órgano coincide con las versiones de prensa y se termina destituyendo a la parlamentaria, quien pese a despedirse del Senado aún no ha sido notificada por el TC.

La inquietud en el mundo político surgió a raíz de un reportaje de The Clinic, donde se da cuenta que al menos cinco parlamentarios en ejercicio han celebrado contratos con el Estado, como son el caso del senador PS Fidel Espinoza, su par del Partido Social Cristiano, Juan Castro y Luciano Cruz-Coke de Evópoli. Además, se incluye a la diputada de RN, Ximena Ossandón, y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social.

Por tal razón, los diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas, Tomás de Rementería y Jaime Naranjo (exPS), anunciaron que pedirán a sus equipos jurídicos que estudien los antecedentes dados a conocer en el reportaje, con el fin de presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para destituir a los parlamentarios involucrados.

El diputado Manouchehri detalló que “hay algunos antecedentes que nos parecen que son bastante serios. Puntualmente creemos que, por ejemplo, lo del senador Juan Castro deben ser antecedentes que se deben mirar con mucha atención. También respecto al senador Luciano Cruz-Coke que suscribió un arriendo con un órgano del Estado”.

The Clinic detalla casos específicos como el del senador Juan Castro Prieto “ha participado en una red de sociedades familiares que incluyen a la Constructora Indemma”, mientras Fidel Espinoza “participó formalmente hasta 2018 en la sociedad Difusora Fresia Limitada”. Por otro lado Luciano Cruz-Coke mantuvo arrendada una casona a la Junji hasta noviembre 2020; Ximena Ossandón participa en una sociedad accionista Cumplo Chile Spa; y Jaime Mulet celebró contratos con Rodríguez y Compañía Limitada.