En una verdadera caja de pandora se podría transformar el fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la senadora socialista, Isabel Allende , si es que la resolución del órgano coincide con las versiones de prensa y se termina destituyendo a la parlamentaria, quien pese a despedirse del Senado aún no ha sido notificada por el TC. La inquietud en el mundo político surgió a raíz de un reportaje de The Clinic, donde se da cuenta que al menos cinco parlamentarios en ejercicio han celebrado contratos con el Estado, como son el caso del senador PS Fidel Espinoza, su par del Partido Social Cristiano, Juan Castro y Luciano Cruz-Coke de Evópoli. Además, se incluye a la diputada de RN, Ximena Ossandón, y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Por tal razón, los diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas, Tomás de Rementería y Jaime Naranjo (exPS), anunciaron que pedirán a sus equipos jurídicos que estudien los antecedentes dados a conocer en el reportaje, con el fin de presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para destituir a los parlamentarios involucrados. El diputado Manouchehri detalló que “hay algunos antecedentes que nos parecen que son bastante serios. Puntualmente creemos que, por ejemplo, lo del senador Juan Castro deben ser antecedentes que se deben mirar con mucha atención. También respecto al senador Luciano Cruz-Coke que suscribió un arriendo con un órgano del Estado”. The Clinic detalla casos específicos como el del senador Juan Castro Prieto “ha participado en una red de sociedades familiares que incluyen a la Constructora Indemma”, mientras Fidel Espinoza “participó formalmente hasta 2018 en la sociedad Difusora Fresia Limitada”. Por otro lado Luciano Cruz-Coke mantuvo arrendada una casona a la Junji hasta noviembre 2020; Ximena Ossandón participa en una sociedad accionista Cumplo Chile Spa; y Jaime Mulet celebró contratos con Rodríguez y Compañía Limitada. Fuente: Publimetro
Si bien la dieta parlamentaria o el sueldo bruto de diputados y senadores llega en la actualidad a los $7.348.983, existen legisladores que figuran como deudores del pago del TAG en las autopistas urbanas, con montos que en algunos casos superan los 20 millones de pesos. De acuerdo a un análisis hecho por Ciper en el portal de pago de las autopistas, pudo constatar que 18 parlamentarios, entre diputados y senadores, mantenían deudas que superaban los $500 000 hasta el 13 de febrero pasado. Según el medio, tras contactar a cada uno de los parlamentarios citados, “la mayoría dijo desconocer esas deudas, otros explicaron que esos vehículos ahora son manejados por terceras personas, uno dijo que se encuentra en repactación y otro que olvidó pagar su deuda”. Sin embargo, tras las consultas, “las deudas de 12 parlamentarios aparecieron pagadas en los portales, algunas en forma parcial, otras en su totalidad”. La norma del Congreso establece que cada parlamentario puede registrar hasta dos autos propios y dos arrendados a la nómina donde se consignan los vehículos destinados a la labor legislativa para que el mantenimiento, la bencina y el TAG sea financiado con recursos públicos. Datos relevantes sobre algunos legisladores: Nathalie Castillo (PC) : adeudaba $971 000 por gastos relacionados con su labor parlamentaria. Raúl Leiva (PS) : tenía una deuda inicialmente de $12.5 millones, pero parte fue cancelada al vencerse. Carolina Tello (FA) : debía $2.3 millones debido al uso del TAG por un familiar directo. Jorge Saffirio (Demócratas) : adeudaba $1 millón por cobros desde 2013 pero luego fue pagado. Otros legisladores como Andrés Jouannet (Amarillos), René Alinco (PPD) o Sergio Gahona (UDI) también han enfrentado situaciones similares con sus respectivas deudas pendientes o ya canceladas después del análisis realizado por Ciper. A pesar del esfuerzo por regularizar estas situaciones financieras relacionadas con el pago del TAG en autopistas urbanas para diputados y senadores chilenos, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), mantiene una importante suma pendiente sin resolver hasta la fecha según lo reportado por Ciper. Cabe destacar también casos como el desaforado diputado Mauricio Ojeda
Los parlamentarios representantes de la Región de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena y Stephan Schubert han alzado su voz en contra de la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno, destacando su preocupación por el diseño del proyecto y sus posibles consecuencias. En ese contexto, el diputado Stephan Schubert criticó duramente la iniciativa, señalando que afecta las cuentas individuales de los trabajadores y genera una redistribución injusta de los recursos.Esta reforma está mal diseñada, afirmó Schubert, quien explicó que, aunque es necesario mejorar las pensiones, no se debe permitir que parte de los fondos de los trabajadores queden fuera de sus cuentas individuales y pasen a manos del Estado.Trabajemos para aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la cotización, pero sin afectar los ahorros personales, agregó. Asimismo, el diputado republicano también cuestionó la capacidad del Gobierno para administrar estos recursos, recordando errores en la gestión de áreas como salud, educación y el canal TVN.Este es el mismo gobierno que ha incrementado en un 50% las listas de espera en salud y ha llevado a TVN prácticamente a la quiebra. Ahora exigen un nuevo ‘préstamo’ para manejar más recursos de los chilenos, prometiendo que esta vez lo harán mejor, sostuvo. Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena calificó la reforma como unverdadero manotazo al bolsillo de los trabajadores. La parlamentaria del Partido Republicano destacó que el proyecto no solo afecta los ahorros individuales sino que también genera incertidumbre laboral y es fiscalmente insostenible.El proyecto representa un préstamo forzoso que obliga a los chilenos a ceder parte de su sueldo al Estado cada mes con promesas devolución que por situación fiscal actual son insostenibles, afirmó Aravena. Además, la congresista del Partido Republicano advirtió que la reforma podría costar más 100 mil empleos corto plazo afectando principalmente micros pequeñas medianas empresas. Ambos parlamentarios coincidieron en que reforma no aborda problemas estructurales sistema previsional generando más incertidumbre desigualdad. No justo mujeres altos ingresos vean incrementadas sus pensiones con recursos provenientes hombres bajos ingresos ejemplificó Schubert. En cuanto impacto fiscal Aravenarecordó endeudamiento Estado ya super 45% PIB gasto público asociado esta reformasuperará 4.000 millones dólares anuales antes 2034.No responsable comprometer recursos existen concluyó. Finalmente ambos legisladores anunciaron voto contra modificaciones Senado excepción aumento PGU cotización hasta 4.5% reiteraron compromiso con reformaproteja ahorros individuales no afecte negativamente trabajadores pymes. Fuente: Publimetro
En una verdadera caja de pandora se podría transformar el fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la senadora socialista, Isabel Allende , si es que la resolución del órgano coincide con las versiones de prensa y se termina destituyendo a la parlamentaria, quien pese a despedirse del Senado aún no ha sido notificada por el TC. La inquietud en el mundo político surgió a raíz de un reportaje de The Clinic, donde se da cuenta que al menos cinco parlamentarios en ejercicio han celebrado contratos con el Estado, como son el caso del senador PS Fidel Espinoza, su par del Partido Social Cristiano, Juan Castro y Luciano Cruz-Coke de Evópoli. Además, se incluye a la diputada de RN, Ximena Ossandón, y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Por tal razón, los diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas, Tomás de Rementería y Jaime Naranjo (exPS), anunciaron que pedirán a sus equipos jurídicos que estudien los antecedentes dados a conocer en el reportaje, con el fin de presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para destituir a los parlamentarios involucrados. El diputado Manouchehri detalló que “hay algunos antecedentes que nos parecen que son bastante serios. Puntualmente creemos que, por ejemplo, lo del senador Juan Castro deben ser antecedentes que se deben mirar con mucha atención. También respecto al senador Luciano Cruz-Coke que suscribió un arriendo con un órgano del Estado”. The Clinic detalla casos específicos como el del senador Juan Castro Prieto “ha participado en una red de sociedades familiares que incluyen a la Constructora Indemma”, mientras Fidel Espinoza “participó formalmente hasta 2018 en la sociedad Difusora Fresia Limitada”. Por otro lado Luciano Cruz-Coke mantuvo arrendada una casona a la Junji hasta noviembre 2020; Ximena Ossandón participa en una sociedad accionista Cumplo Chile Spa; y Jaime Mulet celebró contratos con Rodríguez y Compañía Limitada. Fuente: Publimetro
Si bien la dieta parlamentaria o el sueldo bruto de diputados y senadores llega en la actualidad a los $7.348.983, existen legisladores que figuran como deudores del pago del TAG en las autopistas urbanas, con montos que en algunos casos superan los 20 millones de pesos. De acuerdo a un análisis hecho por Ciper en el portal de pago de las autopistas, pudo constatar que 18 parlamentarios, entre diputados y senadores, mantenían deudas que superaban los $500 000 hasta el 13 de febrero pasado. Según el medio, tras contactar a cada uno de los parlamentarios citados, “la mayoría dijo desconocer esas deudas, otros explicaron que esos vehículos ahora son manejados por terceras personas, uno dijo que se encuentra en repactación y otro que olvidó pagar su deuda”. Sin embargo, tras las consultas, “las deudas de 12 parlamentarios aparecieron pagadas en los portales, algunas en forma parcial, otras en su totalidad”. La norma del Congreso establece que cada parlamentario puede registrar hasta dos autos propios y dos arrendados a la nómina donde se consignan los vehículos destinados a la labor legislativa para que el mantenimiento, la bencina y el TAG sea financiado con recursos públicos. Datos relevantes sobre algunos legisladores: Nathalie Castillo (PC) : adeudaba $971 000 por gastos relacionados con su labor parlamentaria. Raúl Leiva (PS) : tenía una deuda inicialmente de $12.5 millones, pero parte fue cancelada al vencerse. Carolina Tello (FA) : debía $2.3 millones debido al uso del TAG por un familiar directo. Jorge Saffirio (Demócratas) : adeudaba $1 millón por cobros desde 2013 pero luego fue pagado. Otros legisladores como Andrés Jouannet (Amarillos), René Alinco (PPD) o Sergio Gahona (UDI) también han enfrentado situaciones similares con sus respectivas deudas pendientes o ya canceladas después del análisis realizado por Ciper. A pesar del esfuerzo por regularizar estas situaciones financieras relacionadas con el pago del TAG en autopistas urbanas para diputados y senadores chilenos, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), mantiene una importante suma pendiente sin resolver hasta la fecha según lo reportado por Ciper. Cabe destacar también casos como el desaforado diputado Mauricio Ojeda
Los parlamentarios representantes de la Región de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena y Stephan Schubert han alzado su voz en contra de la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno, destacando su preocupación por el diseño del proyecto y sus posibles consecuencias. En ese contexto, el diputado Stephan Schubert criticó duramente la iniciativa, señalando que afecta las cuentas individuales de los trabajadores y genera una redistribución injusta de los recursos.Esta reforma está mal diseñada, afirmó Schubert, quien explicó que, aunque es necesario mejorar las pensiones, no se debe permitir que parte de los fondos de los trabajadores queden fuera de sus cuentas individuales y pasen a manos del Estado.Trabajemos para aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la cotización, pero sin afectar los ahorros personales, agregó. Asimismo, el diputado republicano también cuestionó la capacidad del Gobierno para administrar estos recursos, recordando errores en la gestión de áreas como salud, educación y el canal TVN.Este es el mismo gobierno que ha incrementado en un 50% las listas de espera en salud y ha llevado a TVN prácticamente a la quiebra. Ahora exigen un nuevo ‘préstamo’ para manejar más recursos de los chilenos, prometiendo que esta vez lo harán mejor, sostuvo. Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena calificó la reforma como unverdadero manotazo al bolsillo de los trabajadores. La parlamentaria del Partido Republicano destacó que el proyecto no solo afecta los ahorros individuales sino que también genera incertidumbre laboral y es fiscalmente insostenible.El proyecto representa un préstamo forzoso que obliga a los chilenos a ceder parte de su sueldo al Estado cada mes con promesas devolución que por situación fiscal actual son insostenibles, afirmó Aravena. Además, la congresista del Partido Republicano advirtió que la reforma podría costar más 100 mil empleos corto plazo afectando principalmente micros pequeñas medianas empresas. Ambos parlamentarios coincidieron en que reforma no aborda problemas estructurales sistema previsional generando más incertidumbre desigualdad. No justo mujeres altos ingresos vean incrementadas sus pensiones con recursos provenientes hombres bajos ingresos ejemplificó Schubert. En cuanto impacto fiscal Aravenarecordó endeudamiento Estado ya super 45% PIB gasto público asociado esta reformasuperará 4.000 millones dólares anuales antes 2034.No responsable comprometer recursos existen concluyó. Finalmente ambos legisladores anunciaron voto contra modificaciones Senado excepción aumento PGU cotización hasta 4.5% reiteraron compromiso con reformaproteja ahorros individuales no afecte negativamente trabajadores pymes. Fuente: Publimetro
