​El texto, basado en el Convenio N°190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso y en la “Ley Karin” y la “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”, surgió de la colaboración de diversos organismos públicos, a través de una mesa tripartita integrada por la OIT, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile (CUT), así como de instituciones vinculadas a la temática: Contraloría General de la República, Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG), Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

​Dicha instancia recogió las experiencias de los servicios integrantes, permitiendo el desarrollo de orientaciones y herramientas que ayudaran a las instituciones públicas a identificar cuándo se está frente a conductas de este tipo, qué hacer y dónde acudir, con el objetivo de promover ambientes laborales más sanos, seguros y libres de violencia y de acoso.

​El jefe de la División Jurídica y Asuntos Institucionales del Servicio Civil, Francisco Silva, precisó que este manual “viene a consolidar el aporte de personas y entidades públicas, desde sus experiencias y vinculación con la problemática, en pro de la prevención de la violencia en dichas organizaciones y la protección de derechos fundamentales de quienes trabajan en ellas”.

​“La idea es que sea un apoyo efectivo para los servicios del Estado en la implementación de medidas eficaces para la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia en las organizaciones. Esperamos que contribuya a seguir disminuyendo las brechas de género y promoviendo mejores ambientes laborales, porque tenemos la convicción de que todo ello permitirá responder de mejor manera a las necesidades y expectativas de las personas”, acotó.

​El vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Abarzúa, sostuvo que “sin duda, la modernización del Estado pasa necesariamente por el logro y consolidación de condiciones que aseguren la dignidad de todas las personas que en él se desempeñan. Y este Manual constituye un aporte en esa perspectiva, al reunir el conjunto de normas y orientaciones aplicables no sólo frente a circunstancias ya dadas, sino también aportando criterios que prevengan la aparición de las conductas que se pretenden erradicar”.