La Seremí de Bienes Nacionales de Atacama, Mónica Marín Aguirre, interpuso una denuncia ante la Policía de Investigaciones de Atacama, por el delito de ocupación ilegal y loteo irregular, el cual se llevó a intento hace unos días atrás, en el sector de Chamonate, comuna de Copiapó.

En el terreno fiscal, un grupo de personas inició la demarcación, división y repartición de más de 100 parcelas de media hectárea, abarcando un total de 52 hectáreas, cada una de las cuales, posee un avalúo aproximado de 36 millones de pesos por hectárea. Estos hechos serán investigados por el Ministerio Publico de la región.

“Tras una denuncia ciudadana, se conoció que en el sector de Chamonate se encontraba un grupo de personas demarcando, y mostrando evidentes intenciones de ocupación ilegal, ante lo cual, el Delegado Presidencial solicitó a Carabineros de Chile que se apersonara en el lugar, a fin de recabar toda la información necesaria, y actuar de manera preventiva”, indicó la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, quien argumentó que, “por nuestra parte, en nuestra calidad de administradores de los bienes del fisco, y con las pruebas fotográficas y todos los antecedentes recabados en la mano, nos apersonamos en el cuartel de la Policía de Investigaciones, donde interpusimos una denuncia formal contra los responsables de esta acción, buscando llegar hasta las últimas consecuencias”.

Marín aseguró que, por todo lo anterior, “apelamos a la prudencia de las personas, para que, primero, no actúen a través de intermediarios, sino directamente a través de las instancias adecuadas y legales para adquirir una vivienda o adquirir un terreno. Y luego, llamamos a denunciar cualquier intento de ocupación ilegal, ya sea en zonas urbanas, rurales o en borde costero, a través de los canales que el Ministerio de Bienes Nacionales ha dispuesto para ello; esto es, a través de la oficina de informaciones; por escrito en la página web oficial; también en el Ministerio Público; en Carabineros de Chile y/o en la Policía de Investigaciones”.

La autoridad recalcó, finalmente, que a la fecha no existe vinculación o inicio de tramitación alguna en Bienes Nacionales, con estas comunidades o personas naturales, algunas de las cuales, y de acuerdo con denuncias informales, se dedicarían a la venta ilegal de terrenos, y a la estafa de personas que buscan hacerse de un inmueble por la vía irregular.

Política Ministerial

Ante este tipo de situaciones, la Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro Cáceres, ha recalcado que el Ministerio es parte de un trabajo intersectorial que busca hacer frente a la ocupación irregular, para lo cual, ya se está trabajando con diversas instituciones, fiscalizando, efectuando análisis territoriales, solicitando desalojos a las Delegaciones cuando así corresponda, y finalmente, haciéndose parte de las denuncias en el caso de existir una constitución de delitos.

De igual forma, ante la proliferación de la ocupación en nuestro país, existe la intención ministerial de ir analizando caso a caso, para conocer si éstas se vinculan a una necesidad habitacional de primera vivienda, a un anhelo de segunda vivienda, o a loteos que son parte de una posible estafa.

“El llamado a las personas es a no caer en estafas de inescrupulosos que lotean y cierran terrenos que no son de ellos y los venden a personas con necesidades. Vamos a seguir priorizando desalojos en aquellos lugares que sean urgentes en desalojar para que no sigan proliferando”, recalcó la ministra Toro en su momento.

Cabe recordar que la Ley General de Urbanismo y Construcción en su artículo 138, sanciona a todo aquel que realice actos o contratos que tengan la finalidad de transferir el dominio, con el objeto de crear nuevas poblaciones o comunidades, en contravención a las normas urbanísticas, lo que conlleva una pena que va desde los 3 años y un día, hasta los 10 años de presidio.

En contraparte, de acuerdo con el artículo 139 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, los Municipios, las Delegaciones, las Gobernaciones, MINVU y SERVIU, están obligados a denunciar estos delitos; lo mismo, cualquier funcionario público que cuente con información sobre usurpaciones de inmuebles fiscales, tiene la obligación de denunciar a la autoridad competente.