Regional
DECLARACIÓN PÚBLICA Concejala Javiera Orellana Gallo
- Me parece del todo apropiado, y en honor a la transparencia que merecen nuestros vecinos y vecinas de la Comuna de Huasco, comentar lo que está sucediendo por estos días al interior de nuestra Ilustre Municipalidad, de la cual formo parte en mi rol de concejala electa democráticamente.
- Informar a la comunidad que el Municipio de la Comuna de Huasco, se encuentra actualmente con “Diversas” demandas ante la Justicia, una de ellas es debido a una deuda de arrastre (por compra de materiales impagos), por un monto que supera con creces los 300 millones de pesos, de lo cual el Concejo Municipal fue notificado con fecha 06 de agosto, plazo desde el cual se contaba con 5 días hábiles para participar en una audiencia de conciliación.
- El Municipio, en la figura de su representante y actual alcalde, no se presentó a efectuar los descargos o a participar de la mediación, ante lo cual, me puse en contacto con el edil, quien, para mi sorpresa, desconocía totalmente de esta situación y de los plazos antes indicados.
- Tras consultar con el asesor jurídico de la municipalidad, cargo de confianza del propio alcalde, este nos comentó que había confundido la fecha, y que debido a esto, el Municipio efectivamente no fue representado ante la Justicia. Tras pedir explicaciones al alcalde, este respondió ofuscado, en un tono intimidante, perdiendo la calma y minimizando la situación, además culpando de este ERROR de “300 millones de pesos” a la gran carga laboral que sortea por estos días la cúpula administrativa de la Municipalidad.
- A esto se suma, lo que ya es un formato de ineficiencia habitual, relacionado con la NO disponibilidad de información acerca de la gestión del municipio. He solicitado al alcalde de manera infructuosa, de manera verbal y mediante oficios, en pos de la transparencia y para llegar con la verdad y la claridad a los vecinos y vecinas que han confiado parte de la administración de su comuna al cuerpo de concejales.
- En definitiva, en nuestro rol de fiscalizadores y promotores del desarrollo, y el buen uso e inversión adecuada e inteligente de los escasos recursos públicos comunales, es que vengo a pedir que tanto el Sr. alcalde como su asesor jurídico, salgan a dar explicaciones públicas, respecto al sin fin de irregularidades, nula eficiencia en responsabilidades adquiridas y practicas cuestionables.
- Frente a todo lo anteriormente comentado, no descarto recurrir a la Justicia, particularmente solicitar a la Contraloría que se haga parte en una investigación que permita dilucidar cuál será el destino final de estos 300 millones de pesos, y si hubo negligencia y notable abandono de deberes, tanto en el actuar del alcalde como de parte de su asesor jurídico.
