Las cuatro claves que explican la crisis social y política que estalló al interior de Colombia

A pesar de que el Gobierno de Iván Duque retiró la reforma tributaria que encendió la mecha de la indignación, las manifestaciones continúan tomándose las calles del país sudamericano

El descontento que desde hace 10 días mueve las protestas en las calles de Colombia, pese a que el Gobierno retiró la reforma tributaria que encendió la mecha de la indignación, desató la peor crisis social de la historia reciente del país, marcada por la violencia policial. Las manifestaciones, en las que han muerto al menos 24 personas, cifra que la Fiscalía rebaja a 11, reflejan el hastío de la gente con las políticas del Presidente Iván Duque y por el desaire que, según los convocantes, su Gobierno le ha hecho a las peticiones hechas por los sindicatos en las protestas de noviembre de 2019. Al incumplimiento de las promesas hechas para apaciguar aquella tormenta social los manifestantes suman una larga lista de reclamos asociados a la crisis económica causada por el coronavirus, la destrucción de millones de empleos, el aumento de la pobreza y el uso desproporcionado de la fuerza pública contra la protesta social. Estas son las claves de la crisis política y social del país:
Iván Duque llegó a la Presidencia con una consigna que en época de campaña inundó las calles del país: «Menos impuestos y más salarios». Sin embargo, la clase media y los más pobres sintieron que el proyecto de reforma fiscal presentado el 15 de abril al Congreso apretaba sus bolsillos en momentos de asfixia económica. Con ese reclamo una multitud se citó el 28 de abril en las principales ciudades colombianas y tras cuatro días de presión social el Gobierno echó para atrás la propuesta, además de plantear por primera vez la posibilidad de un diálogo. El proyecto, con el que el Gobierno aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares), planteaba la ampliación de la base tributaria para incluir a los que menos ganan y gravar con el IVA del 19 % los servicios públicos de la clase media y alta, entre otras medidas polémicas. Duque esperaba mejorar así el estado de las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más necesitados durante la emergencia sanitaria, pero encontró múltiples reparos en todos los partidos, incluido el Centro Democrático, del cual hace parte.

El presidente cedió a las exigencias y optó por crear un nuevo proyecto, esta vez con el consenso de los sectores económicos, políticos y sociales, según prometió el domingo pasado. Sin embargo, los primeros acercamientos solo se dieron ayer sin conversaciones con la oposición y los jóvenes, que son justamente los protagonistas de las marchas. El país vivió ayer la segunda jornada de «paro nacional» acatada por miles de ciudadanos, en general de manera pacífica, para reclamar ahora por una reforma a la salud que todavía no comienza su trámite legislativo. Entre las exigencias están además una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual (unos 240 dólares); la defensa de la producción nacional; subsidios a las mipymes; empleo con derechos; una política de soberanía y seguridad alimentaria; educación gratuita y la no alternancia educativa por la pandemia. Igualmente reclaman garantías y libertades democráticas a la movilización y la protesta; la desmilitarización de las ciudades; el cese de las masacres y castigo a los responsables, y el desmonte del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial que interviene en las protestas y es acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos.

os manifestantes también salen a las calles para exigir que cese la violencia contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, cuyos asesinatos han aumentado desde 2019. Sin embargo, el Gobierno señala a las bandas criminales y al narcotráfico como el principal combustible de esos homicidios, y se defiende con el argumento de que los cultivos ilícitos son incontrolables porque desde hace cinco años la aspersión aérea con el cuestionado herbicida glifosato está suspendida en el país. En vista de la insistencia del Gobierno en reanudar en cuanto le sea permitido por los organismos de control las aspersiones aéreas con glifosato, el uso de ese herbicida entró en la lista de reivindicaciones, especialmente en regiones con grandes extensiones sembradas de coca, como la del Catatumbo, limítrofe con Venezuela.

Mientras el Gobierno buscaba en la clase media -que fue la que en su mayor parte eligió a Duque- parte del dinero que necesita para paliar el hueco fiscal, la pobreza monetaria del país subió al 42,5 % en 2020, un aumento de 6,8 puntos porcentuales. En Colombia también han aumentado la desigualdad y el desempleo que en 2019 y 2020 superó las dos cifras, lo que no ocurría desde 2012. Por eso la movilización que partió de los sindicatos tuvo acogida en todas las esferas sociales y las protestas están lejos de acabar, aunque el país, cansado de la violencia, espera que cesen el caos y el derramamiento de sangre que sigue a las manifestaciones pacíficas.