Ley Karin: Un Hito Transformador en la Cultura Laboral Chilena.

El 1 de agosto de 2024, Chile da un paso significativo en la protección de los derechos laborales
con la entrada en vigor de la Ley Karin. Esta ley, inspirada por la trágica muerte de Karin Salgado,
no solo establece un marco legal para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la
violencia en el trabajo, sino que también busca transformar profundamente la cultura laboral del
país.
Desde una perspectiva de políticas públicas, la Ley Karin es un ejemplo de un enfoque preventivo
robusto y colaborativo. La institucionalidad pública laboral ha trabajado intensamente para dar
una bajada específica a la legislación, asegurando su adecuada implementación. La
Superintendencia de Seguridad Social publicó la circular N°3813, que establece un protocolo tipo
para la gestión de riesgos psicosociales en las empresas. Es importante destacar que este
protocolo fue desarrollado tras una consulta pública que recogió más de 200 comentarios, destaca
la importancia de una gestión participativa y de colaboración entre los actores sociales
involucrados.
El Ministerio del Trabajo, a través del Decreto N°21, ha definido claramente los procedimientos de
investigación de acoso laboral y sexual. Estos procedimientos garantizan la imparcialidad, rapidez y
perspectiva de género en las investigaciones. Además, el Ministerio ha desplegado un programa
de encuentros informativos y capacitaciones regionales, asegurando que tanto empleadores como
trabajadores comprendan y apliquen adecuadamente las nuevas exigencias de la ley.
Un acierto crucial del reglamento de la Ley Karin es la relevancia de incorporar una perspectiva de
género en su implementación. El acoso laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres y
a las minorías de género, y las estrategias de prevención y respuesta deben tener en cuenta estas
diferencias. Esta perspectiva asegura que las políticas y medidas adoptadas no sean ciegas al
género, y, por el contrario, sean inclusivas y equitativas, promoviendo un ambiente laboral
respetuoso para todos.
Por parte del sector público, uno de los grandes empleadores del país, la Contraloría General y el
Servicio Civil han sido proactivos en la implementación de la Ley Karin, emitiendo lineamientos
claros y trabajando intensamente para establecer protocolos específicos que aseguren la
protección contra el acoso y la violencia en la función pública. Este compromiso institucional
refleja una dedicación seria hacia la creación de entornos laborales públicos respetuosos y libres
de discriminación, especialmente en aquellos servicios de ventanilla, lo que se suele llamar
burocracia callejera, que está más expuesto a esta clase de situaciones.
En lo que respecta a la implementación, es necesario considerar a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes), que enfrentan desafíos particulares debido a sus limitaciones estructurales y
recursos. La ley permite la externalización de servicios de investigación, una medida que, aunque
práctica, requiere vigilancia para garantizar la imparcialidad y efectividad de los procesos. Este
aspecto subraya la necesidad de apoyo continuo y específico para las Pymes, asegurando que
puedan cumplir con las normativas sin comprometer su operatividad ni el espíritu de la ley.

La Ley Karin no solo es un marco legal necesario, sino una oportunidad para un cambio cultural
significativo en los lugares de trabajo en Chile. Su enfoque preventivo y proactivo ofrece un
contraste refrescante frente a la reactividad tradicional de la legislación laboral. Es crucial que los
empleadores, especialmente la alta dirección en el sector público y privado, se comprometan
activamente con la implementación de esta ley y la promoción de una cultura libre de acoso. Las
mutualidades, por su parte, jugarán un rol fundamental al proporcionar asistencia técnica y apoyo
psicológico. Estas instituciones ya se han desplegado para ayudar a las empresas a cumplir con las
nuevas normativas y asegurar que los entornos laborales sean seguros y respetuosos.
En conclusión, la Ley Karin es más que una normativa; es un llamado a la acción para construir
entornos laborales donde la dignidad y el respeto sean la norma. El compromiso de la alta
dirección, tanto en el sector público como en el privado, junto con el apoyo de las mutualidades y
el involucramiento activo de todos los actores sociales, serán determinantes para garantizar un
cambio cultural real y sostenible. Esta ley no solo protege, sino que también empodera a los
trabajadores, creando un futuro laboral más justo y equitativo para todos.