Regional

Imputados por delitos de secuestro y robocon violencia quedaron en prisión preventiva

Investigación de la Unidad Sacfi, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI llevó a la detención de dos ciudadanos extranjeros por su participación consumado en los delitos indagados.

El trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el Equipo Contra el
Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Atacama y funcionarios de la
Brigada Investigadora de Robos de la PDI Copiapó, permitió la detención de dos personas
por su participación en los delitos de secuestro extorsivo y robo con intimidación y violencia
en contra de una mujer en la capital regional. Antecedentes conocidos este miércoles en la
audiencia de formalización de la investigación por estos hechos.
Sobre esta causa el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, subprefecto
Patricio Arévalo, indicó que a partir de las diligencias ordenadas por el fiscal de turno en
horas de la madrugada de ayer se realizaron distintas entrevistas y el análisis del sitio del
suceso, pudiendo con ello determinar la participación de dos ciudadanos venezolanos en los
hechos denunciados. “Esto porque ambos involucrados abordaron a la mujer víctima en el
interior de un local de comida rápida en Copiapó a quien agredieron, sustrajeron especies
personales y la subieron a un vehículo para mantenerla secuestrada por alrededor de dos
horas, mientras le pedían información de un tercero que había participado del robo de un
auto de uno de los participantes del secuestro. La víctima fue luego liberada en el sector de
las tomas de Andacollo en esta ciudad. Todos estos antecedentes fueron aportados al fiscal
de la Unidad Sacfi para ser presentados en la respectiva audiencia”, dijo.
La audiencia de formalización de estos delitos fue asumida por el fiscal de la Unidad de
Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya,
quien argumentó que los hechos indagados comenzaron con el robo de un vehículo a uno de
los imputados, quien junto al segundo detenido y a otros sujetos aun no identificados
quisieron hacer justicia por sus propias manos ubicando el auto sustraído en el local de
comida rápida, lugar en que interceptan a una mujer que acompañaba a quien sería el
responsable de la sustracción del móvil quien se dio a la fuga. “Sin embargo, a pesar de que
existe certeza que la mujer no tenía relación alguna con el robo, la agredieron, le robaron sus
pertenencias y la subieron a un vehículo en contra de su voluntad por aproximadamente dos
horas, mientras de manera paralela era extorsionada para que entregara información del
autor del robo del vehículo. Acción que llevó a los detenidos a cometer dos delitos que
acarrean penas de crimen y cuyas investigaciones fueron formalizadas, tales como el
secuestro extorsivo y el robo con violencia e intimidación”, dijo el fiscal.
Como parte de los antecedentes conocidos en la audiencia se indicó que uno de los
imputados contaba en sus redes sociales con imágenes en que vestía el uniforme del
Comando Nacional contra Extorsión y Secuestro en Venezuela. “Frente a ello, los alegatos
referidos a que desconocía que la acción que estaba cometiendo involucraba un delito no
tiene lógica, pues esta persona se dedicaba en su país de origen a prevenir precisamente
este tipo de ilícitos”, concluyó el fiscal.

En la audiencia en que se presentaron los cargos en contra de
ambos detenidos la Fiscalía presentó distinta evidencia reunida en esta etapa inicial de la
causa, entre ella las imágenes de las cámaras de seguridad del local en que fue interceptada
la víctima. Registros que evidenciaron la participación de los detenidos en la agresión y
posterior secuestro.
Junto con ello, se argumentaron las declaraciones de la mujer afectada e informes de la
policía que sustentaron la solicitud de la Fiscalía en relación con privar de libertad a los
imputados.
En su resolución el Juez de turno indicó que los antecedentes expuestos por el Ministerio
Público corroboraron la participación de los detenidos y frente a la contundencia de éstos
decretó su prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.
Fijando, finalmente, un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

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