Por los delitos de asociación ilícita, estragos, lesiones menos graves, transporte irregular de residuos y delitos ambientales, la Municipalidad de Tierra Amarilla presentó una querella contra los propietarios y representantes de las Compañías Minera Candelaria y Minera Ojos del Salado, con la que busca perseguir penalmente la presunta responsabilidad del daño ambiental irreparable que afecta a la comuna de la Calle Larga.
El líbelo de 70 páginas presentado en el juzgado de garantía de Copiapó patrocinado por el estudio de abogados Hermosilla y CIA., relata hechos como la aparición de un socavón a 800 metros del Centro de Salud Familiar que causó un daño irreparable en el acuífero del río Copiapó e impacto mundial hace cerca de un año y medio, o la tormenta de relave seco que obligó a declarar emergencia comunal por 5 días en Tierra Amarilla debido a los niveles de polución en el aire.
Al respecto, la primera autoridad comunal explicó que «vinimos a presentar la querella que comprometimos hace más de un año por la vulneración de derechos que ha habido en nuestra comunidad y que al día de hoy siguen ocurriendo. Ustedes supieron que el día de ayer cayó relave a nuestro río, una gran afectación en materia medioambiental». Y agregó: «nosotros creemos que aquí hay un actuar delictual reiterado por parte de esta empresa y que está comprobado por la calidad de multas que se le han cursado, que son ínfimas, pero reconocen que hay una seguidilla de errores que denotan que en definitiva les importa más la ganancia que la multa».
«Resulta que quien paga ese costo que ellos no pagan es la comunidad, teniendo que gastar pasajes para viajar a tratarse el cáncer, para comprar medicamentos, para hacerse la diálisis, para tratar las enfermedades respiratorias, eso lo paga la comunidad (…) Por eso esta querella es en defensa y representación de toda Tierra Amarilla y para ser un ejemplo de que en este país y en el mundo los derechos humanos están para que se respeten».
Esta acción se suma a la presentada por el Consejo de Defensa del Estado el 17 de mayo del presente año contra los mismos controladores de las faenas mineras, y que busca perseguir la responsabilidad del daño ambiental producido en la base del acuífero del río Copiapó y que, a juicio de los querellantes generó «un cambio en la geometría y flujo regional del acuífero, con una pérdida significativa en la disponibilidad y calidad de recursos hídricos, así como de servicios ecosistémicos».
Sanciones Ambientales a Candelaria
La acción judicial además, expone que la actividad minera de la canadiense Lundin Mining se ha desarrollado al margen de la normativa nacional e internacional afectando el medioambiente y la salud de la comunidad, impidiendo «el ejercicio del derecho de vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación».
En esa línea, detallan los diversos socavones súbitos y de distintos tamaños producidos desde 1993 a la fecha, el daño permanente e irreparable al acuífero del río Copiapó y la consiguiente afectación crítica a la principal fuente hídrica en una zona de escasez, la contaminación acústica producto de las «incesantes tronaduras y de la maquinaria pesada», grietas y daños estructurales a inmuebles, así como el calles y caminos públicos debido al tránsito de camiones de alto tonelaje, afectación del entorno por la formación de una montaña artificial de relave que reduce las horas de luz del sol, deterioro de la salud de la población a raíz del material químico particulado y la vulneración de la integridad psíquica de los vecinos, entre otros perjuicios.
Cabe destacar que por algunos de estos hechos la minera transnacional ha sido sancionada por organismos ambientales correspondientes, mediante el proceso sancionatorio D-166 de 2021 por superación de la cantidad de explosivos utilizados en tronaduras, no restringir la carga de explosivos y superar el número de tronaduras diarias, no presentar medidas alternativas para el control de emisiones; el proceso sancionatorio D-207 de 2022 por extracción de aguas que superan en gran cantidad lo permitido, superación del tonelaje permitido en el 95% de los camiones e incumplimiento del término de extracción de agua subterránea según su Resolución de Calificación Ambiental N°158 de 2017.
Asimismo, SERNAGEOMIN en Resolución Exenta N°0863-2023 determinó que la empresa no adoptó todas las medidas necesarias para impedir el socavón y mediante la Resolución Exenta N°1.034-2022, la Dirección General de Aguas sancionó la afectación al acuífero del río Copiapó.
Presuntos actos de cohecho pasivo y soborno
Otra de las aristas de este caso es la vinculada a la reciente investigación en curso del Juzgado de Garantía de Copiapó (causa RIT 6553-2019), por delitos de cohecho pasivo y sobornos en contra de varias personas, incluidas ex autoridades de la comuna y ex representantes legales de Minera Candelaria que forma parte de Lundin Mining.
