Una nueva sesión sostuvo la Mesa por la Educación en Atacama, en la que de manera unánime las autoridades locales, que incluye al Gobernador Regional, legisladores y a representantes de las comunidades educativas, hicieron un llamado conjunto al Ejecutivo para que declare emergencia educativa en la zona. El propósito de esta declaración es movilizar recursos y esfuerzos adicionales, con el fin de abordar la crisis educativa que afecta al territorio.
Al respecto, la senadora Yasna Provoste, integrante de la instancia, explicó que «ya en la reunión pasada se reconoció por parte de la autoridad que no era viable la propuesta que ellos (Ministerio de Educación) habían señalado, con una fecha que daba cuenta que el diálogo ha sido lo más ausente entre el Ejecutivo y el Magisterio, y en donde también se ha señalado que muchos de los establecimientos educacionales recién van a estar habilitados el día 20 de noviembre».
Por lo tanto -agregó la parlamentaria vallenarina-, «aquí lo que se requiere es buscar nuevas y mejores alternativas, y claramente en una declaración de emergencia educativa, acompañada de mayores recursos, de más flexibilidad, es lo que efectivamente buscamos en la región».
Con ello, Provoste puntualizó en la necesidad de recordar que estamos hablando sólo de condiciones mínimas que permitan el ingreso a clases en los establecimientos educacionales del SLEP Atacama, «luego hay que garantizar también las condiciones de mediano plazo, que son las que el Ministerio debe garantizar en los meses de enero y febrero, de manera de que podamos tener un año escolar distinto».
«Pausa Activa»
Paralelo a esta crisis educativa que están enfrentando no sólo los servicios locales de educación pública de la región de Atacama, sino que también en el país, la senadora Yasna Provoste propuso establecer una «pausa activa» que permita reformar la Nueva Educación Pública y «mejorar los problemas de gestión que han sido informados por la propia Contraloría General de la República, en donde se da cuenta en que estos problemas no son sólo en la región de Atacama sino también se extienden a otros servicios locales, como el de Colchagua, el de Coquimbo, en donde dos colegios han tenido que suspender clases por el no pago de los servicios básicos».
En esta línea, la congresista especificó que lo que se ha planteado a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, «que ha sido la persona que el Gobierno le ha encomendado estas tareas, es que garantice la sustentabilidad financiera del Servicio Local de Educación Pública, de manera de poder asegurar que cuando se regrese a clase, el Servicio Local tenga efectivamente los recursos financieros para garantizar también el pago de los suministros básicos en nuestra zona».
Asimismo, Provoste aclaró que «aquí no está no ha estado ni está en juego en que los estudiantes pierdan el año escolar. Creo que eso es bien importante despejarlo. Nosotros creemos en que aquí lo que tiene que garantizarse con mucha celeridad es que estén las condiciones habilitantes básicas para poder volver en dignidad, porque nadie puede imaginarse que los niños vuelvan a clase sin que existan suministros básicos: agua, energía, en que se haya resuelto el tema de las plagas de roedores, de palomas».
Finalmente, la parlamentaria por Atacama detalló que también solicitarán «a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB) entregue un informe pormenorizado respecto de las resoluciones sanitarias de las distintas cocinas en los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública».
