Gobierno presentó proyecto de ley para entregar seguridad y protección a dirigentes sociales
Proteger a los y las dirigentes sociales con penas más altas cuando sean víctimas de delitos de amenazas o de lesiones, es lo que contempla la modificación a la Ley 20.500 y el Código Penal, por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Esto recoge las inquietudes de las dirigencias como las preocupaciones en seguridad, amenazas y ataques en su labor de representación de la comunidad.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, presentó un proyecto de ley que busca dar mejores condiciones de seguridad a las y los dirigentes de las organizaciones sociales que hoy se ven enfrentadas, entre otras cosas, a amenazas. Situaciones delicadas a las que no se ven enfrentadas sólo las dirigencias, sino también sus familias y sedes vecinales.
La necesidad de las organizaciones sociales es un sostén que permite fortalecer las democracias y recuperar espacios públicos, por lo que el resguardo frente a intimidaciones de este tipo es necesario para vivir en sociedad de una manera más sana. Esto es lo que plantea esta propuesta.
Anteriormente, varios parlamentarios han presentado mociones que buscan proteger a las dirigencias, un anhelo que se concreta con este proyecto de ley que busca modificar la Ley Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. En lo particular, se propone una definición de dirigente social, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, incluyendo también a las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales.
El director de la División de Organizaciones Sociales de la Segegob, Ignacio Achurra Díaz señaló que “este proyecto de ley responde a una demanda muy sentida de las dirigencias sociales, tanto de la región de Atacama como a nivel nacional, que es poder hacer su trabajo de manera tranquila”.
“Hoy día las y los dirigentes que representan a las comunidades en las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco, a los territorios y organizaciones en cada una de las comunas de la región, viven un clima de amenaza, de permanente persecución, y este proyecto es una señal muy clara de protección en que el gobierno dice -tal como ha señalado la ministra Vallejo-, que creemos que la organización social y sus dirigentes cumplen un rol fundamental en la democracia y por lo tanto debemos darles un estatus de protección mayor para que puedan cumplir su rol social”, añadió Achurra.
Por su parte, la seremi de Gobierno de Atacama, Sofía Vargas Roberts comentó que “este proyecto es relevante, pues en conversaciones con las dirigencias, han señalado que una de sus principales preocupaciones es la seguridad, ya que muchas de ellas han sido amenazadas y atacadas, incluso estando en sus hogares. Por lo tanto, es importante que avancemos en el marco de la agenda de participación ciudadana y de fortalecimiento de la sociedad civil, ya que las organizaciones sociales son un sostén que permite fortalecer las democracias y recuperar espacios públicos”.
De esta forma el Ministerio Secretaría General de Gobierno desarrolla un trabajo que busca revelar el rol de dirigentes sociales como articuladores de sociedad. Los y las dirigentes en muchas ocasiones se exponen como referentes de comunidades y para una democracia más fuerte, es necesario brindar más garantías de seguridad.
