Fiscal Paz Escobar argumentó los antecedentes contenidos en la acusación y consiguió acreditar la participación de un hombre y una mujer en los delitos investigados.
La Fiscalía de Atacama, a partir de diligencias investigativas desarrolladas con personal antinarcóticos de la PDI, reunió los medios de prueba que sustentaron la acusación en contra de un hombre y una mujer por delitos de tráfico de armas, municiones y tráfico de droga en el sector de la Hacienda San Pedro en Copiapó.
Los antecedentes de esta relevante investigación fueron argumentados en audiencia de juicio oral por la fiscal adjunta de esta ciudad, Paz Escobar, quien presentó ante los jueces del tribunal la evidencia reunida en esta causa. Dando cuenta que, a partir de una investigación por tráfico de droga, se pudo contar con información relativa a la
venta de sustancias ilícitas en un domicilio del mencionado sector, mismo lugar en que un hombre adulto se dedicaba a la confección y adaptación de armas y municiones para ser vendidas de forma ilegal en la comuna.
“A partir del análisis de los antecedentes, personal de la PDI allanó la vivienda cumpliendo una orden judicial en octubre del año pasado, ocasión en que detuvieron a los dos imputados, un hombre y una mujer residentes del domicilio. En este lugar, se incautó droga en distintos lugares de la vivienda, logrando sacar de circulación 513 gramos de marihuana y 49 de ketamina, junto a otras especies utilizadas para el pesaje y dosificación”, indicó la fiscal.
Escobar agregó que la diligencia permitió establecer que en el lugar el acusado, Franco González Montenegro, mantenía un bolso escondido en cuyo interior había dos armas a fogueo, municiones modificadas y otras en condiciones de ser disparadas. El imputado, además, mantenía al interior de un contenedor de metal restos de plomo, material y elemento usado para la modificación de municiones.
Por estos hechos, la Fiscalía acreditó los delitos indagados y consiguió la condena unánime de Karen Muza Ramírez, quien fue sentenciada a cumplir la pena de 5 años de presidio y una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales por su autoría en el delito de tráfico ilícito de droga. Sustituyendo el Tribunal la sanción por la de libertad
vigilada intensiva.
Por su parte, Franco González fue sentenciado a 5 años y un día más el pago de una multa de 40 UTM por el delito de tráfico de droga, además de la pena de 8 años de cárcel por su responsabilidad en el delito de tráfico de armas. Finalmente, se determinó que deberá cumplir también 800 días de presidio por el ilícito de tenencia ilegal de municiones. Sanciones que deberá cumplir de manera efectiva en la cárcel de la capital regional.
