Ministerio Público y SII fortalecen la persecución penal de delitos tributarios, crimen organizado, corrupción y lavado de activos
Ambas instituciones designarán a un encargado nacional para agilizar y fortalecer las investigaciones de delitos tributarios.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos.
En virtud de este acuerdo, se designarán coordinadores tanto a nivel nacional como regional de ambos organismos, con el fin de agilizar y fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos tributarios. En la Región Metropolitana, se designará un coordinador para cada una de las cuatro fiscalías regionales metropolitanas, con el propósito de asegurar el éxito en la investigación penal de estos ilícitos.
Además, ambas instituciones intercambiarán estadísticas, informes y análisis de datos relacionados con delitos tributarios, con el fin de recopilar e interpretar los antecedentes necesarios para una persecución penal más eficiente y efectiva de este tipo de delitos.
En el marco de esta colaboración, ambas instituciones se comprometen a implementar y mantener políticas de seguridad de la información y protección de datos personales en relación con las actividades derivadas de este trabajo conjunto.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó la relevancia de este hito y expresó: «Como Fiscalía Nacional, estamos muy interesados en que las investigaciones por delitos tributarios puedan avanzar de manera coordinada con el Servicio de Impuestos Internos, y así poder perseguir aquellos delitos que le causan tanto daño al patrimonio fiscal».
Por su parte, el Director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, añadió: “mediante el trabajo con el Ministerio Público, buscamos reforzar el combate a la evasión fiscal, a través de la elaboración de estrategias conjuntas para identificar y perseguir este delito tributario, mediante el uso de herramientas tecnológicas, que hagan más eficiente la persecución penal de este tipo de ilícitos”.
Precisó que, actualmente, el Servicio tramita en los diversos tribunales del país un total de 677 acciones judiciales por delitos tributarios, causas que involucran un perjuicio fiscal estimado en más de $470.000 millones, lo que ratifica la importancia de potenciar la coordinación con la Fiscalía en esta materia.
