Investigación de la Fiscalía y Carabineros detectó venta de autos con encargo por robo
Diligencias permitieron recuperar ocho vehículos, además de la incautación de más de 56 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando y la suma de 48 millones 500 mil pesos en efectivo. Imputado quedó en prisión preventiva.
El trabajo desarrollado por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de
Carabineros y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de
Atacama, permitió desbaratar un punto ilegal de venta autos que mantenían encargo por
robo en la Región Metropolitana y que eran distribuidos y puestos en el mercado en Copiapó,
procedimiento policial en que, además, se incautaron cigarros de contrabando y dinero en
efectivo.
Los antecedentes de esta causa se conocieron en la audiencia de formalización de un
detenido desarrollada este viernes, instancia en que el fiscal de la Unidad Sacfi, Sebastián
Coya, argumentó que la línea investigativa de la causa comenzó luego de la detención de
personas que se movilizaban en autos con patentes adulteradas y con encargo vigente por
robo en distintas comunas de Santiago. Procedimientos en que se conoció la identidad de la
persona que los comercializaba en la capital regional.
“Con esos antecedentes la Fiscalía de Atacama gestionó una orden de entrada y registro, la
cual fue concretada por personal de Carabineros quienes incautaron más vehículos robados
en poder del imputado, además de una importante cantidad de cigarrillos y dinero en
efectivo”, dijo el fiscal.
Respecto de esta causa, el prefecto de Atacama, coronel Cristian Monroy, indicó que
“personal de la SEBV en coordinación con la Unidad Sacfi de la Fiscalía, ingresaron a tres
domicilios pudiendo recuperar ocho vehículos con encargo por robo, además de los
cigarrillos de contrabando con un avalúo de 140 millones de pesos. Además, se estableció
que los vehículos incautados eran clonados para luego ser comercializados en la región
mediante la modalidad de auto en prenda”.
El fiscal Coya mencionó los hechos indagados resultan de alta gravedad, ya que el imputado
adquiría los autos que habían sido robados en otras zonas del país lo que fomentaba la
comisión de robos con violencia o “portonazos” a víctimas que sufrían la pérdida de sus
especies. “Este delito de receptación de vehículo motorizado tiene un carácter de
emprendimiento, pues se requería de una oferta y demanda para su comisión. En este caso
el ilegal actuar del imputado fomentaba que se cometieran ilícitos en otras zonas del país y
es por eso que la Jueza que asumió la audiencia de formalización de la investigación
consideró al detenido un peligro para la seguridad de la sociedad”, dijo Coya.
Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay, destacó
el trabajo articulado que está realizando Carabineros y la Fiscalía de Atacama el que durante
este año ha llevado a cabo acciones concretas que han logrado recuperar vehículos robados
y sacar del mercado cigarrillos ingresados de manera irregular al país. “Las cifras son
elocuentes y ha habido un éxito en la puesta en marcha de las políticas que dicen relación
con la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado, relevando además la
importancia de la denuncia y los canales a disposición como es el caso del fono *4242 que
permite recabar antecedentes de manera anónima”, indicó Garay.
FORMALIZACIÓN
Unidad de Comunicaciones
Fiscalía Regional de Atacama
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@FiscaliaAtacama
En la audiencia en que se formalizaron los cargos la Fiscalía
argumentó los antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa de este caso,
además de los informes elaborados por personal de la SEBV y la declaración de distintos
testigos.
Con esa información el imputado conoció que se le indaga por su participación en los delitos
consumados de receptación de vehículo motorizado en su modalidad de comercialización,
estafa y contrabando. Lo cual llevó a solicitar y obtener la prisión preventiva del detenido, de
quien se ordenó su ingreso a la cárcel de esta ciudad donde permanecerá privado de libertad
durante el tiempo que se extienda la investigación de los hechos, la que, inicialmente, fue
fijada en seis meses.