Desde el año 2021, los trabajadores del ex Centro Radiológico Copiapó (CRC) han tenido que enfrentar una serie de dificultades debido a deudas pendientes en remuneraciones, cotizaciones y años de servicio por parte de sus empleadores. La situación ha sido marcada por diversos eventos que han dejado a los empleados en una posición vulnerable.
Por este motivo, profesionales del centro de salud decidieron demandar a los representantes de la empresa para buscar justicia, la cual llegó luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó condenara a todas las sociedades detrás del centro radiológico “al pago de todas las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en sus contratos de trabajo, y que se devenguen entre las fechas de sus despidos, y hasta que se proceda a convalidar éstos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo”.
Al respecto, el abogado experto en derecho laboral, Cristián Moncada Valenzuela – y quien representa a 16 trabajadores – comentó que “la persistencia de este conflicto pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar de manera efectiva las deudas laborales y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores involucrados. En este caso, la empresa los engañó y se aprovechó de sus necesidades económicas y hoy por fin estamos encontrando justicia y que se pague lo que se debe a los trabajadores”.
Cronología de los hechos
En junio de 2021, los trabajadores del CRC decidieron paralizar sus labores en protesta por las deudas acumuladas en sus sueldos y cotizaciones previsionales. En ese momento, la representación de la empresa estaba a cargo del radiólogo Gustavo Calderón y del administrador Felipe Julio.
A pesar de la paralización, el conflicto no encontró una resolución definitiva en julio de 2021, cuando se alcanzó un acuerdo sobre el pago de remuneraciones y cotizaciones, el cual no fue cumplido. La situación se complicó aún más en noviembre de ese mismo año, cuando los trabajadores optaron por autodespedirse debido a continuos incumplimientos.
Curiosamente, en noviembre de 2021, estos mismos trabajadores fueron recontratados, pero bajo una nueva entidad legal, INAXA SpA, manejada por los mismos controladores. Sin embargo, las deudas persistieron, y a pesar de un acuerdo alcanzado en diciembre de 2021 entre los trabajadores y el CRC, este tampoco fue cumplido.
La problemática tomó un nuevo giro en octubre de 2022, cuando los empleados decidieron nuevamente autodespedirse de INAXA SpA y presentaron una demanda contra la empresa. La batalla legal continuó hasta mayo de 2023, cuando se dictó una sentencia que condenó al grupo empresarial como una unidad económica y los obligó a pagar las deudas de una de las trabajadoras.
Sin embargo, la resolución del conflicto no se materializó completamente, ya que, en diciembre de 2023, una nueva sentencia condenó al grupo empresarial a pagar las indemnizaciones por autodespido de los trabajadores de INAXA SpA.
En este contexto, el Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó condenó a todas las sociedades detrás del centro radiológico “al pago de todas las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en sus contratos de trabajo, y que se devenguen entre las fechas de sus despidos, y hasta que se proceda a convalidar éstos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo”.
Si bien la sentencia es un avance importante, lo fundamental será garantizar el pago de lo adeudado, ya que aún se mantienen las deudas del acuerdo alcanzado en diciembre de 2021. Para ello -explicó el abogado Moncada- la declaración de unidad económica “es una ayuda importantísima, porque significa que, independiente de cómo maquillen su estructura empresarial, tanto el doctor Calderón como Felipe Julio deben responder personalmente por lo que se adeuda a los trabajadores”.
