A inicios de septiembre María Inés Horvitz presentó su renuncia como consejera del CDE. Hasta ahora no había explicado los motivos. En esta entrevista con CIPER señala que le preocupa la creciente politización del Consejo, la que afirma ha venido aumentando desde el estallido social. Dice que en el caso Convenios el CDE no resistió a las presiones, y que a ella le hubiera gustado presentar una querella con todos los antecedentes sobre la mesa. Pero no se limita a hablar de las razones de su renuncia: sostiene que el Estado no está preparado para enfrentar la corrupción, detecta fallas en el funcionamiento de la fiscalía, la Contraloría y el Poder Judicial; afirma que la corrupción en las municipalidades es “insoportable” y dice que en los casos de las platas políticas el exfiscal Manuel Guerra “traicionó” al CDE. Un análisis de la corrupción en Chile de una de las abogadas penalistas más respetadas del país
Durante más de la mitad de su vida, María Inés Horvitz trabajó en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Estuvo ahí durante 33 años. Tiene 63, es doctora en derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y fue una de las abogadas que estuvo en el origen de la Reforma Procesal Penal. En 2006 asumió como consejera del CDE, un cargo vitalicio, al que renunció en septiembre pasado cuando le restaban 12 años de ejercicio.
Su salida fue polémica, por lo inesperada y sin explicaciones. Y hasta ahora no había entregado su versión. Dice que la politización del CDE ha sido progresiva y que en el último tiempo se alteraron rutinas que para ella eran claves, como revisar técnicamente las acciones judiciales antes de anunciarlas por la prensa. Afirma que en el caso Convenios el Consejo no resistió las presiones políticas y mediáticas. Está preocupada. Asegura que el CDE sigue teniendo prestigio, pero que puede perderlo si no resiste la politización, la que ella define como tomar decisiones sobre la base de vínculos y presiones en vez de los necesarios criterios técnicos.
Hasta septiembre pasado presidía el Comité Penal del CDE. La instancia dónde se definen las querellas que se presentarán y que en los últimos años han afectado a políticos, grandes empresarios y funcionarios públicos. En medio de una ola de corrupción que ha arrastrado a instituciones como Carabineros, Ejército, municipalidades y organismos de gobierno, ella dice que es fundamental que el Estado enfrente con mejores armas la corrupción. Tal como ve las cosas hoy, un resultado positivo en esa batalla no está garantizado.
En esta entrevista -fruto de un mes y medio de conversaciones en distintos formatos-, destapa episodios inéditos de algunos de los casos que conoce desde adentro, como el escándalo de las platas políticas, donde apunta al exfiscal Manuel Guerra que negoció salidas alternativas para los principales investigados: “Nos traicionó”, afirma. “Nunca supimos por qué lo hizo y a cambio de qué”. Dice que la politización en el CDE comenzó a acentuarse durante el estallido social (“mucha resistencia a presentar querellas contra Carabineros”), que Alberto Espina -exministro de Sebastián Piñera-, llegó al Comité Penal sin experiencia en litigación y reafirma que en Chile las investigaciones en casos de corrupción no llegan a tocar a los presidentes y expresidentes.
Para todo esto que describe, tiene una explicación: leyes no escritas que fuerzan una actitud sumisa por parte de fiscales y jueces. Apunta a los sistemas de nombramiento en esos cargos, que obligan a adoptar determinadas posiciones para hacer carrera, y a cierta desidia de quienes comandan las investigaciones complejas por casos de corrupción: “¿Puede la gente confiar en que se castigará como corresponde a los responsables del caso Hermosilla si se acredita que se pagaron coimas a funcionarios del SII y la CMF?”.
María Inés Horvitz Lennon, sin filtros.
“Nadie está pensando en el Chile de 10, 20 o 30 años más y es urgente actuar ahora. Lamentablemente, la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas cae en picada. En poco rato más vamos a estar al mismo nivel que otros países, donde ya la corrupción es una cosa imposible de combatir. Se tomó todos los intersticios de la administración pública y la clase política no hace todo lo necesario para frenar esta situación, probablemente porque hay intereses involucrados”.
– Pero, en Chile no hemos llegado al nivel de que la corrupción sea algo imposible de combatir, ¿no?
Aún no. Para mí sería devastador pensar que estamos a ese nivel. Pero obviamente es cómo yo quiero creer que estamos. Lo que yo ví en mi trabajo en el Consejo es intolerable. Y lo vemos en todas las instituciones: Ejército, Carabineros, municipalidades, gobiernos regionales, en el Ejecutivo, SII, en el Parlamento. Mientras no tengamos conciencia de que esta es una lacra que envilece todo lo que toca, cualquiera sea el color político, y que debe actuarse con visión de Estado, seguiremos con las acusaciones recíprocas y empatando quién o qué lado es más o menos corrupto.
– ¿Cuál es su diagnóstico? Porque con sus palabras da la impresión de que en Chile la corrupción nos tiene desbordados.
Es una situación tremendamente difícil, desafiante para el Estado de Derecho. Yo diría que es cada vez más visible -porque no creo que sea un fenómeno reciente- la cooptación del Estado por parte de poderes fácticos vinculados por relaciones endogámicas de cuna, política y dinero, que se sienten inmunes a cualquier tipo de control y sanción. Y cuando hablo de cooptar al Estado me refiero a un problema estructural y cultural: al enjambre de redes que se tejen a su alero para amparar, desde el abuso de los privilegios y el tráfico de influencias, hasta la coima y el desfalco del patrimonio público. Nuestro Estado es institucionalmente débil para lidiar con este fenómeno, no solo porque aún no cuenta con mecanismos eficientes para combatirlo, sino porque todavía no existe el reproche social y penal a las infracciones que comunique al ciudadano de modo categórico que tales comportamientos no son admisibles. ¿Cuál es el mensaje que se entrega con la imposición de “clases de ética” a dos grandes empresarios que perpetraron actos de corrupción y defraudaron al fisco? ¿Qué lección aprendimos? ¿Puede la gente confiar en que se castigará como corresponde a los responsables del caso Hermosilla si se acredita que se pagaron coimas a funcionarios del SII y la CMF?
– El CDE es clave en el combate de la corrupción. Usted estuvo 33 años en esa institución. En septiembre renunció y hasta ahora no hay una versión oficial del por qué. Hubo artículos de prensa que hablaron de diferencias suyas con el actual presidente del Consejo, Raúl Letelier. ¿Fue así?
Yo venía advirtiendo hace rato una tendencia a la politización en el Consejo, en el sentido de no generar problemas con las autoridades del gobierno de turno. Y es que los temas penales son extremadamente delicados y mediáticos, al punto de que varios consejeros han planteado en muchas ocasiones terminar con la competencia penal del Consejo. A todos les produce algún grado de incomodidad, porque no solamente se “roba” la prensa, sino porque genera problemas al momento de decidir si actuar o no en contra de determinada autoridad. Yo estaba hace rato pensando en irme, porque sentía que ya no era mi lugar. Me costaba hacerme escuchar en los argumentos propiamente técnicos, no siempre fáciles de explicar y, además, siempre ha habido un cierto desprecio hacia lo penal, agudizado por la falta de conocimiento experto en la materia. Las consideraciones extrajurídicas para adoptar decisiones siempre me molestaron, pero fueron aumentando con el tiempo, especialmente después del estallido.
– ¿Qué pasó durante el estallido social?
Había mucha resistencia a presentar querellas contra Carabineros. Mucha resistencia. En cambio, no había ninguna para presentar por daños a retenes, por ejemplo.
– ¿Por qué había resistencia a presentar acciones contra Carabineros, considerando que hubo violaciones a los derechos humanos durante la represión a las protestas?
Llegaron muchas causas que apuntaban a los mandos superiores de Carabineros y se notaba inmediatamente como se trataba de no darles mayor importancia. Cuando llegó el caso de la investigación que se abrió ante la fiscal Ximena Chong contra el mando de Carabineros, eso se notó.
– Antes de comenzar a grabar usted me dijo que no quería dañar la imagen del CDE, pero que estaba preocupada. Y, teniendo en consideración esa misma preocupación que usted manifiesta, le voy a insistir con la pregunta: ¿Cuáles fueron las razones que gatillaron su salida?
Me molestó que se cambiaran ciertas rutinas del Comité Penal que me parecían positivas y que habíamos mantenido en el tiempo. Las querellas se anunciaban públicamente cuando ya habían sido revisadas, con sus antecedentes, en el Comité o eran presentadas en tribunales. Ello, aunque nos presionaran por la prensa o desde sectores políticos determinados, porque siempre hubo un trabajo de deliberación más o menos intenso sobre los antecedentes de cada caso, en que podía haber muchos desacuerdos, pero siempre fue predominantemente técnico. Hubo excepciones a dicha rutina, pero cuando ves que ella cambia de modo más o menos permanente, me empiezo a preocupar, pues para mí sentaba precedentes nefastos. Lo cierto es que sentí demasiada presión y, como presidenta del Comité, decidí que era hora de irme. Es todo lo que puedo decir.
– ¿Es cierto que usted no estuvo de acuerdo con decisiones de ese tipo que se adoptaron respecto al caso Convenios?
Yo quería que adoptáramos la decisión (de presentar querellas) con mayores antecedentes, pues la propia abogada de la causa decía que faltaban y eran relevantes para configurar el delito. Pero, había demasiada presión mediática y algún consejero se molestó mucho porque yo no estaba de acuerdo con anunciar que nos querellaríamos sin haber revisado aún su texto (de la querella). No quería verme forzada a presentar una querella débil, en especial cuando había tantos otros casos en situación similar contra uno de los imputados (se refiere al exseremi Carlos Contreras). En general, el Comité ha resistido las presiones externas en la adopción de sus decisiones, pero en este caso no fue así.
– ¿Cuáles fueron las presiones que no se resistieron?
Es todo lo que te voy a decir.
– Si la tendencia a la politización del Consejo venía desde hace algunos años, puedo inferir que usted no estaba cómoda.
Yo ya venía hace mucho rato pensando que no me sentía cómoda y tenía ganas de renunciar, pero lo iba retrasando. Primero, porque me gusta mi pega, o me gustaba mi pega, mucho, mucho. Siempre hice más de lo que se me pedía. Era de las abogadas que estaba constantemente en audiencia, alegando en la corte, yendo a juicio. Y tengo además la mejor impresión de los abogados (del CDE). Yo creo que la gran fuerza, el gran tesoro que tiene esa institución, son los abogados que llevan las causas.
– El tema de la politización del CDE ha estado en agenda. El último gobierno de Michelle Bachelet nombró como consejera a Javiera Blanco. Y Sebastián Piñera puso al exministro Alberto Espina ¿Cómo fue la recepción interna a esos nombramientos?
Yo creo que no fueron bien recibidos. De hecho, la Asociación de Abogados del Consejo mandó una carta al Presidente Boric para que no ocurriera lo mismo con mi reemplazo. Por suerte no ocurrió. Como Javiera Blanco renunció después de la enorme presión mediática en su contra, vi con asombro que se designara a Alberto Espina como consejero, estando en una situación similar a la de Blanco: personas con carrera más bien política, sin experiencia en litigación y sin conocimientos especializados en las áreas del derecho que requería el Consejo.
– Actualmente, Alberto Espina integra el Comité Penal, donde se deciden las acciones más mediáticas del Consejo.
Apenas ingresó, Espina manifestó reiteradamente su deseo de estar en el Comité Penal, aunque decía que no se acordaba mucho de estas materias, porque no litigaba desde los años 90, cuando no había aún reforma del proceso penal. Y dijo que venía al Consejo a aprender, lo que me pareció, francamente, insólito. Por la labor de los consejeros, debemos estar mejor instruidos que los abogados para poder orientarlos en sus casos, lo que asegura, además, que no habrá un mero intervencionismo político del designado, especialmente en las causas penales.
– ¿Cuál es el riesgo de los nombramientos eminentemente políticos en el CDE?
El Consejo hasta ahora tiene prestigio. Y lo que temo es que lo pierda. Porque he notado con el tiempo que la excelencia técnica se ha ido perdiendo. Hubo épocas en que hubo consejeros de mucha talla, que les interesaba la pega y ganaban un sueldo bastante menor que el de ahora. Se mejoró muchísimo la remuneración en la época de Clara Szczaranski e imagino que eso también incentivó apetitos. Por el plazo para servir el cargo, hasta los 75 años, se hace además imprescindible cuidar los nombramientos en el futuro.
– ¿Qué nombres se le vienen a la cabeza cuando piensa en consejeros notables?
José Pablo Vergara, Guillermo Ruiz Pulido, Ricardo Rivadeneira, el recientemente fallecido Luis Bates, Alvaro Quintanilla, todos grandes abogados. Hoy en día no sé si el Consejo da la talla.
– ¿Los nombramientos políticos en el CDE pueden ser un blindaje a los dirigentes de partidos y gobiernos que enfrentan causas penales?
Pueden serlo, sí. Pero no es inexorable. Depende de cuánto puedan defender posiciones que no tengan fundamento jurídico ante sus pares.
– ¿Y usted cree que lo han sido?
Cuando se nombra a un alto dirigente político en este tipo de cargo hay muchas razones para sospechar que será un operador en favor de los intereses de quien lo nombró, pero no siempre ha sido así. Rivadaneira fue consejero hasta 1995 siendo miembro de la directiva de RN y era un excelente abogado, muy respetado por todos. Diría que hay una mayor probabilidad de prescindencia política si se puede argumentar técnicamente con esa persona, pues si no tiene ese background, va a tener que decidir sobre la base de lo que su criterio político le dice, o de quien le proporcione los mejores argumentos técnicos en el sentido que él quiere.
– ¿El CDE está inmune a que algún consejero reciba alguna prebenda por algún tipo de decisión?
Creo que todo pasa por las inhabilidades, ser muy estrictos con ellas y con los conflictos de interés. Este ha sido un tema muy debatido en el seno del Consejo, porque en general, los consejeros y los abogados están habilitados para el ejercicio libre de la profesión junto a sus labores propiamente funcionarias. Allí ha habido cuestionamientos, incluso de la Contraloría, y espero que se regule mejor este tema en el futuro, que no quede entregado a la decisión individual de cada abogado.
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Durante las distintas conversaciones que sostuvimos para elaborar esta entrevista, María Inés Horvitz insistió en que Chile no está preparado para enfrentar de buena forma los casos de corrupción. Afirma que hay problemas con el funcionamiento de la Contraloría, del Poder Judicial y también de la fiscalía. Cree que se trata de un tema estructural.
“Yo creo que hay que cambiar la organización judicial. ¿Por qué? Porque está estructurada piramidalmente como era en la época del régimen absoluto. En la cúspide, la Corte Suprema con un poder omnímodo. Y luego los otros jueces, hasta la base, que tratan de llegar arriba, pero para eso tienen que abstenerse de hacer algo que comprometa su carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces muchas veces no están tan atentos al mérito del caso, sino a cómo van a ser evaluados públicamente y también por sus superiores jerárquicos, para poder ascender. Y hay mecanismos (calificaciones, procedimientos disciplinarios, selección en las ternas y quinas) a través de los cuales se puede controlar a los jueces. Hay leyes no escritas en el Poder Judicial. Que tienes que ser sumiso y estar bien conectado con ciertos grupos políticos o de poder que son los que te designan”.
– Hay quienes plantean que estamos entrando en un periodo de corrupción sistémica.
Yo te puedo hablar de las impresiones que tengo por mi trabajo en el Consejo. El problema de las municipalidades y las corporaciones municipales es verdaderamente escandaloso, insoportable. Si se supiera la cantidad de dinero público que no se rinde argumentando desorden contable. Como abogada del Consejo me obsesioné con las famosas causas por subvenciones escolares, las SEP, PIE, FAEP, que se entregan a las corporaciones municipales para financiar políticas de educación para alumnos prioritarios. Las corporaciones municipales, en mi opinión, fueron creadas para sustraer dinero público, porque tienen menos fiscalización que las municipalidades al ser entidades de derecho privado. ¿Cómo pueden serlo, si administran fondos públicos? Llega a ser tan descarada la situación que, incluso, aprovechando su estatus privado, se pagan indemnizaciones a todo evento, muy superiores a las habituales en la administración pública, a los funcionarios que se van de la corporación, probablemente por los favores concedidos a los alcaldes. La Contraloría ha reparado y denunciado esta práctica, pero, en general, tiene capacidades muy limitadas de control.
– ¿Por qué es tan limitada esa capacidad?
Porque se hace solo a nivel contable. Si la corporación entrega una factura por, digamos, $50 millones por la compra de cien computadores de determinada calidad, la Contraloría no tiene ninguna posibilidad de verificar que efectivamente se hayan comprado los cien computadores de esa calidad y que se hayan entregado a cien niños. La posibilidad de que las facturas sean ideológicamente falsas no puede descartarse. Es tratar de matar elefantes con un matamoscas.
– Se pensó que una solución para los desórdenes y sustracción de recursos públicos desde la educación iba a ser la desmunicipalización, pero ahora estalló el caso del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en Atacama.
Es frustrante ver todo el esfuerzo que se hace para reprimir la corrupción y no se avanza nada. Además, salvo importantes excepciones, a los fiscales les queda como poncho cualquier causa que sea medianamente compleja.
– ¿Por qué les quedan como poncho?
En general, no tienen capacidad logística para desarrollar este tipo de investigaciones si no cuentan con suficientes profesionales especializados, auditores contables con experticia en estas materias, la PDI no da abasto y no hay la necesaria y oportuna coordinación con los órganos fiscalizadores. Tampoco hay incentivos para meterse a fondo en ellas, porque la proyección de éxito es baja. Hay mucha desidia con esta clase de causas. Además, está la idea de que hay que probar adónde fue a parar el dinero, en circunstancias de que, tratándose de funcionarios a cargo de platas públicas, deben ser ellos quienes justifiquen en qué se gastaron o dónde están los saldos no empleados. Pero pasa el tiempo y llega una nueva administración que eventualmente hace lo mismo y luego responsabiliza a la administración anterior y la rueda sigue.
– ¿Hay presiones a los fiscales que comandan investigaciones que afectan a personas con poder?
No lo sé. Yo puedo presumir muchas cosas, pero no me consta. En las causas difíciles o complejas hay que estar luchando constantemente para que se haga algo. Y finalmente el que toma la decisión definitiva es el fiscal regional. A mí un fiscal regional me dijo una vez que en los casos de sobreprecio por compra de aviones en el Ejército no había delito. No que no pudiera probarse el sobreprecio, sino que no había delito.
– La fiscalía reclama que no tiene la capacidad ni los fiscales suficientes para la cantidad de causas que llevan.
Es difícil saberlo si no hay mecanismos de control eficiente. En mi experiencia, los fiscales tratan de llegar a acuerdos con las defensas para terminar los casos con suspensiones condicionales o con procedimientos abreviados, que, en general, no implican penas privativas de libertad efectivas, en casos de corrupción muy graves, aduciendo razones estratégicas o probatorias. El Consejo podía no estar de acuerdo, pero las opciones no son muchas, pues si un fiscal no quiere ir a juicio es muy difícil hacerlo cambiar de opinión. Solo queda la posibilidad de forzar la acusación. Y esa decisión conlleva una importante carga para cualquier querellante. La situación es peor si el fiscal no quiere formalizar, porque, aunque solicites fundadamente que lo haga y no lo hace, no tienes ningún mecanismo legal para obligarlo; tampoco ha funcionado el recurso a las instancias superiores. Mi mayor temor ha sido que alguno no lo haga por razones venales. ¿Por qué, si hay tanta corrupción en la administración pública, no podría haberla en el Ministerio Público? ¿Qué mecanismos preventivos existen para que ello no ocurra? Su autonomía institucional ha sido esgrimida habitualmente para impedir cualquier control externo, pero estimo que no puede haber órganos del Estado al margen de ellos, menos aún cuando gran parte de su actividad es altamente discrecional y no son elegidos democráticamente, sino por su experticia técnica.
– ¿Cuál es su opinión del actual fiscal nacional, Ángel Valencia?
No tengo ninguna opinión respecto de él, la verdad. Te puedo hablar solamente de mis impresiones. Yo lo conocí muy poco al inicio de la Reforma Procesal Penal, en capacitaciones. Nunca tuvimos un vínculo muy cercano. No me gustó, eso sí, que negara conocer al exalcalde de Lo Barnechea en su presentación como candidato a la Fiscalía Nacional…
– ¿Cuando dijo que no conocía al exalcalde Felipe Guevara?
Si. Es inverosímil decir que estuvo contratado como asesor de Guevara y que no lo conocía. Afectó su credibilidad. Me pareció mal que nunca diera una explicación plausible sobre el tema, porque las apariencias en estos cargos son muy importantes.
– ¿Qué le parece el caso del audio que registró una reunión del abogado penalista Luis Hermosilla?
Muestra casi pornográficamente cómo operan los poderes fácticos detrás de las cortinas, cómo se jactan alegremente de no pagar $3.000 millones en impuestos mientras muchos chilenos tienen apenas para comer, cómo planifican sus corruptelas a funcionarios públicos de manera fría y descarnada. Parecía una larga escena de El Padrino. Creo sumamente importante la actuación rápida y eficiente del Ministerio Público, el SII y la CMF, y no esperar años para una respuesta. Lo mismo quiere la ciudadanía para el caso Convenios: tienen que darse señales claras de que estas conductas son intolerables vengan de donde vengan, y que el Estado no es un botín para servirse de él cuando se llega al poder.
– ¿El caso Convenios es un ejemplo de la corrupción generalizada que vemos en Chile?
Lo encuentro gravísimo, en especial que no se hayan exigido en la ley mayores requisitos para la entrega de los fondos. Muchas veces la propia ley es criminógena, porque en el ámbito público no se puede autorizar la entrega de platas sin mecanismos de control eficaces, como ya lo dije a propósito de las subvenciones. Pero, en estas últimas no ha habido el mismo escándalo a pesar del volumen de platas que no se rinden, muy superiores a los de Democracia Viva. Como dije, la lógica del empate es la que prima, pues el impacto mediático que ha tenido pareciera más bien una especie de revancha contra este grupo de jovencitos que lo enjuiciaron todo y ya no son tan inmaculados.
– El juicio a los 30 años…
Y que, aparentemente, prometían tener mayor estatura moral o ética. Se trata de empatar, de señalar “tú no me puedes decir nada porque también lo hiciste o alguien de tu tribu también lo hizo”. Una lógica primitiva y nefasta que tiene a todo el mundo agotado. Y uno sabe, de tanto ver este tipo de causas, que casi nadie está libre de pecado… y por eso sorprende que tantos estén dispuestos a lanzar la primera piedra. Nadie tiene visión de Estado, de darse cuenta de que si no se aborda el problema con medidas drásticas, de mediano y largo plazo, todos nos hundimos juntos con el Titanic. No puede ser que el fisco siga siendo utilizado como caja pagadora de favores, ni que quienes tienen más no paguen impuestos y ocupen medios ilícitos con ese fin. Se requiere que alguna vez quienes ejercen puestos de poder se comporten como verdaderos chilenos, porque para mí eso es patriotismo.
– Usted cumplió un rol protagónico en los casos de financiamiento ilegal de la política. ¿Quedó conforme con sus resultados?
Para nada. Nos traicionó el exfiscal Manuel Guerra, quien nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral. Nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación. E hizo algo que es ilegal. En una reformalización -institución que por lo demás no está regulada en el Código Procesal Penal- tú no puedes suprimir hechos (que en este caso eran los que sustentaban las imputaciones de cohecho y soborno) que están asentados en una formalización previa y que cuentan con respaldo en la carpeta de investigación. Eso fue lo que hizo Guerra sin avisarnos como querellantes ni adoptar las decisiones que en derecho correspondía: sobreseer esos hechos o comunicar decisión de no perseverar para habilitarnos, si así lo estimábamos, a forzar la acusación. Y justamente actuó así para que los querellantes, que solo teníamos legitimación activa por los delitos de cohecho y soborno, no pudiéramos forzar la acusación y llevar a juicio. Todo fue hecho maliciosamente con ese fin. Creo que nunca quedó claro en la opinión pública lo que hizo este fiscal con acuerdo de las defensas. Nunca supimos por qué lo hizo y a cambio de qué, porque claramente infringió sus deberes como fiscal. Nunca se investigó, ni por el fiscal Abbott, ni por nadie. Años después supimos que Guerra también estuvo detrás de los sobreseimientos en la causa de la Minera Dominga, el proyecto que la familia Piñera vendió en tres cuotas a los Penta en 2009 en las Islas Vírgenes, cuyo último pago (de US$9,9 millones), pagadero a fines de 2010, estaba sujeto a una cláusula que establecía que el lugar donde sería construida la minera no podía ser declarado zona de protección ambiental, pues habría frenado el proyecto. Y, ¡vaya coincidencia!, esa decisión estaba justamente en manos del gobierno de Sebastián Piñera, amigo del vendedor y familiar de los compradores y un extrabajador de los Penta en la subsecretaría del Ministerio de Minería, el que fuera imputado por cohecho y que Guerra reformalizó, sin embargo, por un bagatelario delito de enriquecimiento ilícito…
– Usted se refiere a la formalización de los controladores de Penta y del exsubsecretario Pablo Wagner. Pero hubo otras causas que ni siquiera se abrieron. Más de 20 empresas reconocieron ante Impuestos Internos pagos irregulares…
Por esa razón renunciaron (los fiscales) Gajardo y Norambuena. Eso se lo puedes preguntar a ellos. Porque Abbott ya había hecho su famoso discurso de que había que terminar con estas causas porque se estaba afectando el fuero parlamentario, los equilibrios políticos.
– Ahí se cerró la caja de Pandora, porque habían empezado a aparecer hechos ya no solo de financiamiento político ilegal. Recuerdo al menos tres casos -Ley de Royalty, Ley de Medioambiente y Ley de Pesca-, donde había pruebas de que quienes financiaron campañas luego incidieron en la elaboración de esas leyes. Ahí nos quedamos sin saber qué pasó.
Bueno, el caso de Longueira y Contesse con SQM sigue en juicio, vamos a ver en qué termina. Personeros de la exconcertación también hicieron mucho para echarle tierra a la causa. Esto era transversal y eso es lo grave de lo que pasó con Soquimich. Lo grave es que estaban casi todos los partidos involucrados. Entonces, lo que hizo Soquimich fue muy inteligente para sus intereses: “mojarlos” a todos, tenerlos bajo control.
– Los casos de financiamiento ilegal de la política fueron un hito, pero vemos que hasta hoy son casos jabonosos, donde no hay garantías de que se vaya a hacer justicia.
Ese fue el hito importante en la visibilización de la alta corrupción dentro del Estado, porque estoy segura que antes también ocurrían actos de este tipo, pero no se conocían. En la causa Milicogate todo comienza a destaparse en 2014, cuando se descubre cómo se sustraen las platas de gastos reservados para fines particulares y que esa “práctica” se remonta a Pinochet, al punto que la Ministra Rutherford procesó a todos los excomandantes en Jefe por estos hechos, salvo a los fallecidos y a Martínez, que lo estuvo por otros hechos. Y en los alegatos la explicación que daban los abogados era que esto se venía haciendo hace tiempo, era una práctica habitual. La excusa típica de los corruptos que también se ha invocado respecto del audio de Hermosilla. La parte positiva de todo lo sucedido, espero, es tomar conciencia de que hay cosas que ya no se pueden seguir haciendo, aunque sea por razones preventivo-generales. Mi temor es que siempre se buscan nuevos mecanismos. La corrupción va a seguir existiendo, va cambiando la forma en que se realiza y por eso es necesario profundizar las herramientas de prevención y fiscalización.
– En los casos de financiamiento político ilegal nos dimos cuenta de otras cosas, como que en Chile no se toca a los presidentes. Ninguna de esas indagaciones llegó ni a Sebastián Piñera, ni a Michelle Bachelet ni a Eduardo Frei, a pesar de que había pruebas claras de que se usaron boletas y facturas falsas para financiar sus campañas. ¿Por qué no se llegó nunca a ellos?
Por las carreras personales y el temor. Dudo que algún fiscal vaya nunca a atreverse a pedir formalizaciones de ese nivel de autoridades. Yo encuentro muy valiente lo que ha hecho la fiscal Ximena Chong en citar a los altos mandos de Carabineros por los casos del estallido social. Tampoco sabemos muy bien en qué va a terminar eso, porque ahí la decisión la toma el fiscal regional.
– El expresidente Piñera ha estado en el foco de varias investigaciones judiciales. Imagino que en el Comité Penal analizaron esos casos: Penta, Cascadas, empresas zombies, compraventa de Minera Dominga, inversiones familiares en negocios mineros durante sus gobiernos, etc. ¿Por qué esas investigaciones judiciales en general no avanzan?
O sea, no se puede tocar a Piñera ni a ningún expresidente. Las causas que lo han involucrado terminaron rápidamente porque el fideicomiso de Piñera constituía un gran obstáculo que le permitía escudarse en su falta de conocimiento sobre la conducción de sus inversiones. En el caso Caval no se logró encontrar ningún nexo con la expresidenta Bachelet, salvo las acciones personales de su hijo y su nuera. Las personas involucradas en el caso, como Herman Chadwick y otras, eran todas de la UDI.
– Durante años se ha dicho que en Chile existe una justicia de clase. Para usted, que es una de las abogadas más respetadas en derecho penal en Chile, ¿esa afirmación tiene asidero?
Sí, es evidente. Esto no es solamente un problema de Chile. Me he dedicado al tema penal toda mi vida. Y una de las cuestiones que primero aprendí fueron aquellas vinculadas a temas criminológicos, esto es, cómo funciona la selectividad del sistema penal, porque es claro que no funciona igual respecto de todos quienes perpetran delitos. Esta disciplina estudia los factores que inciden en que determinadas personas tengan mayor riesgo de ser perseguidas penalmente que otras, porque los órganos a cargo operan con sesgos de clase, amén que la delincuencia violenta o callejera es más visible que aquella que se ejecuta en Sanhattan. Se va generando un estereotipo de quién adquiere el estatus de delincuente y quién no. Y por eso es tan difícil perseguir la delincuencia económica, también denominada de los poderosos. Porque no tienen el típico estereotipo. Uno lo ve en los tribunales: cómo se trata a un imputado pobre y medio analfabeto respecto de un imputado educado y con recursos. La policía está entrenada para efectuar controles de identidad a ciertas personas. Es cosa de ver las cárceles, quienes las habitan, y cuando alguna vez cae algún personaje conspicuo, tiene su propia cárcel con mayores comodidades. Y lo ves en Estados Unidos, lo ves en todas partes. No es un tema en Chile, solamente. Lo que pasa es que la enorme desigualdad económica y social en Chile hace que el problema sea especialmente agudo y que, en este contexto, siga aumentando la criminalidad organizada vinculada a las drogas.
– ¿Y el acceso a buenas defensas? Los defensores públicos también alegan que están sobrepasados.
No tengo una mala opinión de la Defensoría Penal Pública (DPP). Su rendimiento es satisfactorio para los estándares esperables. Pero, en general, el sistema funciona de una manera precaria. Porque, incluso en el caso de delitos flagrantes, a los imputados los pasan a control de detención y el defensor de turno tiene que hacerse cargo de 30, 40 carpetas que tiene que estudiar en muy poco tiempo. Lo que uno ve en las audiencias -no sé si será así en otras partes- es al fiscal y al defensor que apenas conocen sus causas, porque no han tenido tiempo para estudiarlas, quienes se ponen de acuerdo sobre su destino en unos minutos en la misma audiencia. En general, los delitos flagrantes afectan a personas imputadas por delitos comunes.
– ¿Por qué el sistema es tan deficiente?
La verdad es que no sé si hay alternativas, dados los recursos y tiempos disponibles. Los temas penales afectan en su mayoría, como te dije, a gente de escasos recursos. Las instituciones comienzan a burocratizarse y los casos, en su mayoría, se parecen unos a otros. Imagino que esto conduce a tratar los casos de modo estandarizado. Pero también adviertes este fenómeno en los jueces, cuando deben resolver, por ejemplo, los procedimientos abreviados. El modelo de negociación de la acción penal en Chile no es el de Estados Unidos, donde se suele entender que el juez debe tener siempre un rol pasivo ante las solicitudes de las partes, esto es, que si ellas se ponen de acuerdo en los cargos, en las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal y la pena, el juez solo tiene que verificar el consentimiento del imputado. Pero Chile no adoptó ese modelo, pues exige que el juez verifique que existan suficientes antecedentes probatorios que justifiquen las peticiones de las partes, porque es factible que se condene a alguien por cargos mucho menores a aquellos que corresponderían en un juicio oral, o que existan presiones sobre el imputado para que acepte la oferta del Ministerio Público y sea condenado con antecedentes que, en un juicio oral, serían insuficientes. La jurisdicción no puede delegarse y, sin embargo, los jueces tienden a ello en las salidas alternativas.
– Se habla poco de corrupción en el Poder Judicial. De los tres poderes del Estado es el más cerrado, el que tiene menos normas de transparencia. Pero, sabemos que hay operadores judiciales que están en la sombra y que no hay normas de transparencia que los regulen.
No las hay. Es un secreto a voces la existencia de estos operadores, que suelen favorecer a los jueces que quieren escalar en la estructura judicial, no se sabe a cambio de qué. Una importante diferencia con el Ministerio Público, no obstante, es que sus actuaciones son normalmente públicas, en audiencias o en sus sentencias. En el ámbito judicial el problema mayor es la carrera judicial y la forma en que se hacen las designaciones de los ministros de corte, especialmente de la Suprema. Como es bien sabido, la intervención de los poderes políticos los empuja a buscar afinidades, a complacer a los sectores involucrados en su designación en un sentido perverso, pues los jueces deben fallar conforme al mérito de las causas y la ley, no como esos sectores quieren que lo hagan.
– Hay un acuerdo no escrito en el nombramiento de los jueces que tiene que ver con un cuoteo, donde algunos cupos le pertenecen al progresismo y otros a la derecha. Eso se mantiene sin mucho cuestionamiento.
Si piensas toda la resistencia que ha opuesto la Corte Suprema para que no haya un Consejo de la Judicatura, creo que será difícil cambiar estas prácticas, particularmente perniciosas en el Poder Judicial, por la necesidad de resguardar su independencia externa e interna. Por ello, se ha insistido tanto en la necesidad de establecer un órgano superior de gobierno de los jueces que se haga cargo de sus nombramientos, de los temas administrativos y disciplinarios, dejando a la Corte Suprema el control jurisdiccional superior de los tribunales. Si se argumenta que eso “politizaría” el Poder Judicial, la verdad es que ese fenómeno existe hace rato en la judicatura, y se trata de minimizar los riesgos a través de la configuración de ese órgano colegiado distinto de los supremos.
– Usted estuvo en el diseño de la Reforma Procesal Penal ¿Cree que el sistema requiere adecuaciones?
Sí. Lo que existe hoy no tiene nada que ver con lo que hicimos el año 95. Nada. Las muchas reformas desde su dictación han desdibujado completamente el proyecto original. Es cierto que las nuevas formas de criminalidad imponen serios desafíos al Estado, pero pienso que habría sido más eficiente desarrollar mejores sistemas de inteligencia o nuevas tecnologías de carácter preventivo, especialmente respecto de la inmigración ilegal, no a través de afectar los derechos de las personas. Ahora se quiere ampliar aún más el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado (que está en diez años para delitos contra la propiedad y cinco para los demás), el que estuvo pensado originalmente para delitos de menor entidad. Si los abreviados terminan siendo la forma mayoritaria de juzgamiento y su umbral máximo de procedencia se sigue ampliando a más delitos, pronto volveremos a nuestro antiguo sistema inquisitivo. Estimo que hay formas de mejorar el desempeño del juicio oral, por ejemplo, no teniendo que hacer lectura completa de todos los documentos que se ofrezcan como medios de prueba, sino solo resumida, como ocurre ya en algunos tribunales. Creo que es imperativo buscar fórmulas que preserven el juicio oral para los delitos más graves.
– Renunció al CDE y la impresión que queda es que lo hizo sin mucho plan…
Hubo un plan: dedicarme a la academia, a lo que siempre quise y que no pude en su momento. Cuando me fui a doctorar fue porque quería ser académica.
– Pero se enamoró del Consejo.
Me enamoré de mi pega, pero siempre tuve claro que, si tenía que elegir, me iba a quedar en la universidad. Mi plan es seguir haciendo docencia, capacitaciones, asesorías, escribir.
– ¿Descarta litigar?
Me encanta litigar, pero yo no soy una buena litigante particular. Tengo muchas restricciones autoimpuestas, aunque no lo descarto completamente.
– ¿Cómo cuáles?
No soy capaz de defender a cualquier persona por cualquier delito. Y en caso alguno por delitos de corrupción o contra el fisco. Digamos que tengo en mi ADN los 33 años trabajando para el Estado y solo ahí me he sentido cómoda litigando. No es tan fácil cambiar de chip y defender el interés particular. Yo siempre he sido profundamente comprometida con el servicio público. Por eso estoy en la Universidad de Chile y sigo siendo funcionaria pública.
– Podría ser una abogada que presenta querellas.
Es difícil ser querellante. Yo creo que el Consejo tiene un estatus diferente al de los otros querellantes, por el prestigio adquirido. Tiene abogados de excelencia en todas las áreas y técnicos, administrativos y auxiliares, que cumplen indispensables labores de soporte. Es el estudio de abogados más grande del país y es muy respetado. Espero que eso no cambie.
– ¿Por eso no quiere contar detalles específicos de su salida?
Ya dije lo que tenía que decir. Solo lamento no haberme podido despedir de mucha gente que trabajó a mi lado con mucho compañerismo y lealtad. Fueron muchos años de servicio dedicados intensamente al Consejo y a la academia, las dos cosas al mismo tiempo. Ahora quiero vivir más relajada.
FUENTE: https://www.ciperchile.cl/2023/
