Legisladora afirmó que más allá de precedencias administrativas » hay que actuar también con tino, prudencia y criterio», en los nombramientos.
Su preocupación tras el nombramiento y momento elegido por la Dirección de Educación Pública para la designación de Ximena Sanhueza, como la nueva directora ejecutiva (s) del Servicio Local de Educación de Atacama, SLEP, manifestó la diputada Daniella Cicardini, en el marco de la paralización de clases que se prolonga ya por más de 60 días, debido a la crisis educacional en la región.
Al respecto, la parlamentaria afirmó que «este repentino anuncio de la Dirección de Educación Pública”, parece un intento de «apagar fuego con bencina, cuando lo que menos necesitamos en la Educación de Atacama es seguir agregando conflictos, en medio de los esfuerzos de diálogo que venían haciendo los profesores, los asistentes de la educación, los apoderados, y el propio ministerio para dar solución a esta profunda crisis educacional que vive la región».
Asimismo, la también Vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuestionó que el nombramiento, que se transforma así en la tercera subrogancia del suspendido director titular, Carlos Pérez, se produce «a pesar de las aprensiones y el rechazo previamente expresados por docentes y otros actores relevantes. En lo personal no tengo un problema con la señora Sanhueza, y supongo que sus competencias fueron visadas para la subrogancia, pero más allá del orden administrativo de reemplazo, para mí no era el nombre ni el momento, y quienes tienen la facultad de estos nombramientos también deben actuar con tino, prudencia y criterio, considerando el efecto en lo realmente importante que es la educación de los estudiantes».
En la misma línea, la diputada Cicardini agregó que » además de aquello, este nombramiento en medio de la crisis puede significar un retroceso, porque nosotros pudimos tener algún cuestionamiento al rol del director saliente, Luis Adasme, pero ya estaba al tanto del detalle de la situación, por ejemplo en materia de los arreglos en establecimientos y cuestiones administrativas. Por ello, pienso además que se debió ponderar el efecto de este cambio en los propios funcionarios y funcionarias, y por cierto, obviamente espero y llamo a que tampoco signifique retrasar el avance de los procedimientos sancionatorios en curso», subrayó la legisladora.
