Este martes se constituyó en la Cámara de Diputadas y Diputados, la comisión investigadora que buscará retomar y profundizar las indagaciones de denuncias de irregularidades pasadas y recabar información necesaria respecto de las causas que originaron la crisis financiera que afecta actualmente a la Empresa, con repercusiones en su funcionamiento y la proyección de una nueva fundición ubicada en la región de Atacama.
Tras votación de sus integrantes, la instancia parlamentaria será presidida por la diputada (PS) por Atacama, Daniella CIcardini, impulsora de la iniciativa y quien además ya encabezó una comisión parlamentaria similar en 2021, la cual se vio imposibilitada de concluir formalmente su labor debido a dificultades del calendario legislativo y la pandemia.
Tanto la actual como el anterior espacio investigativo, surgen a raíz de la entrega en su minuto de antecedentes y denuncias públicas de irregularidades por parte de representantes de trabajadores de la propia empresa, que incluían la discordancia entre cifras de producción metalúrgica y los resultados finales en cobre fino, adulteraciones de información respecto a emisiones al medioambiente de la Fundición Hernán Videla Lira, en el marco del cumplimiento de la normativa medio ambiental, irregularidades de gestión y la falta de sanciones tras los resultados de una auditoría metalúrgica interna.
Al respecto, Cicardini manifestó que «me parecía del todo relevante darle continuidad a este compromiso con las y los trabajadores que denunciaron en su minuto estos antecedentes, los que nos parecen de la mayor gravedad, porque tenían que ver no solo con una mala administración sino de la manipulación de datos respecto a emisiones al medioambiente y la alteración de resultados de la empresa; todo lo cual nos hace cuestionarnos si todo aquello tuvo además repercusiones en el Estado actual de una empresa del estado, clave para el fomento de la pequeña y mediana minería en el país», enfatizó.
Entre el grupo transversal de 13 integrantes de la comisión se encuentran los parlamentarios de Atacama, Sofía Cid, y los diputados, Cristian Tapia y Jaime Mulet.
La comisión contará con amplios poderes para llevar a cabo su investigación, que incluyen la facultad de solicitar antecedentes necesarios para identificar cualquier adulteración de información, revisar informes y auditorías, determinar la implicación de funcionarios en la gestión deficiente y prácticas irregulares en la empresa.
Además, estará autorizada para fiscalizar las acciones del Gobierno y cualquier órgano de la administración estatal relacionados con la fiscalización de ENAMI, y presentar su informe a la Corporación en un plazo no superior a 90 días.
