ARMA Solidariza con víctima de abuso sexual
“Es deber de todo funcionario y funcionaria público acoger a víctimas, por ello esperamos que las investigaciones arrojen sanciones a quienes obstaculizan la justicia”.
La Asociación Regional de Municipios de Atacama, solidariza con la víctima de abuso sexual cometida por parte del Jefe de Gabinete del Ex Delegado Presidencial, ambos renunciados a sus cargos.
Como ARMA repudiamos cualquier acto de violencia de género, más aún cuando estos son cometidos por un funcionario público, encubierto desde el aparato público y pertenecientes a un partido político de la coalición de Gobierno, que declara ser el primer Gobierno feminista de la historia de Chile.
Abrazamos en la solidaridad y el respeto a la víctima, quien es funcionaria pública, reconociendo en ella, su intachable conducta, desempeño funcionario, y su reconocido rol de lidereza de un partido político.
Al enterarnos de su desgarrador relato, era indudable nuestro actuar coherente como líderes municipales, que es el de estar al lado de la víctima y su familia, quienes en silencio y soledad, han tenido que enfrentar durante meses, la dureza de ser víctima de agresión y abuso sexual. Sin ser acogida su denuncia por el delegado Presidencial, quien en primera instancia se comprometió en brindarle apoyo y no lo hizo, agravado todo además, por el encubrimiento de una Seremi de Gobierno y un funcionario de la Gobernación Regional.
Actuar contrario a lo que dice la lógica y los mensajes de instituciones como SERNAMEG, que son el de acoger y denunciar.
Por eso hacemos un llamado a tod@s quienes trabajamos en las distintas Instituciones del Estado de Chile, que el deber de todo funcionario público es ponerse al lado de las víctimas, prestando auxilio, amparo y acogida, denunciando ante el Ministerio Público e iniciando las acciones administrativas correspondientes, que permitan no solo esclarecer los hechos, sino que brindar la ayuda necesaria a las víctimas y sus familias.
La renuncia del ex Delegado Presidencial, debió haber sido fundada de manera más enérgica por el Gobierno, en torno a las razones de ésta, y no dejarlas ver como una mera renuncia voluntaria, pues se puede estar en presencia del delito de encubrimiento, junto a dos funcionari@s públicos más, a quienes también debiera iniciarse acciones legales y administrativas, por parte de sus superiores jerárquicos, para el caso Ministra del Trabajo y Gobernador Regional. Pues los hechos son de notorio y escandaloso conocimiento público, los que además están denunciados por la víctima ante la fiscalía de Copiapó.
Es deber de todas y todos, proteger y acoger a las víctimas de cualquier tipo de violencia, denunciar a los agresores, y a quienes obstaculizan la búsqueda de la verdad y justicia.
