Reformas al empleo en sector público: Estudio arroja que el 90% de las personas considera que es necesario mejorar su calidad

Durante el mes de enero, el Ministerio de Hacienda lideró una masiva consulta ciudadana, con el fin de analizar las percepciones sobre un anteproyecto de ley que busca modernizar las modalidades de trabajo en el Estado
Una masiva consulta ciudadana realizada en enero de este año, que contó con la participación de más de 58 mil personas, arrojó que una amplia mayoría – 93% de los funcionarios públicos y 85% de los ciudadanos encuestados– considera que es necesario mejorar la calidad del empleo público para contar con un mejor Estado.
Se trata de una iniciativa liderada por la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil, cuyo objetivo fue medir, a través de un proceso participativo, la percepción sobre un anteproyecto de ley de Modernización al Empleo Público. La instancia se llevó a cabo de manera electrónica, entre el 7 y 28 de enero de 2021, alcanzó un total de 58.385 respuestas, de las cuales el 58% correspondió a funcionarios públicos, mientras que el 42% a personas que no desempeñan funciones en la administración del Estado. Adicionalmente, se recibieron 33.664 comentarios y aportes sobre las propuestas vía web, las cuales se sistematizaron y consolidaron y forman parte de un informe disponible en el sitio www.consultahacienda.cl, mismo sitio en que se hizo la consulta ciudadana, que se usará como parte de los insumos para la elaboración de un proyecto de ley. Por otro lado, la instancia participativa -cuya ejecución estuvo a cargo de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DESUC) en conjunto con la Consultora Amable Chile- incluyó diez mesas de trabajo con funcionarios públicos y ciudadanos, además de ocho entrevistas con expertos en materia de modernización, entre los que se cuentan exministros de gobierno, investigadores del ámbito público, líderes de opinión y personeros de organismos internacionales. Detalles del anteproyecto Vale mencionar que la reforma al empleo público es un compromiso contenido en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y fue luego refrendado en la «Agenda de Modernización del Estado» que hizo pública el 25 de julio de 2019. Su propósito es «hacerles la vida más fácil a las personas», además de priorizar las transformaciones que en el largo plazo permitan al Estado de Chile dar un salto cualitativo y sostenido, donde la igualdad de trato y la dignidad de la ciudadanía estén en el centro.
El anteproyecto diseñado por el Ejecutivo para modernizar el empleo público contempla seis ejes que apuntan a: crear una nueva relación laboral entre los funcionarios públicos con el Estado, es decir, un contrato indefinido con indemnización; establecer el mérito como requisito de entrada al Estado, para que las contrataciones sean a través de concursos públicos; dar mayores oportunidades de desarrollo laboral a los funcionarios, promoviendo la movilidad horizontal y realizando evaluaciones del desempeño más confiables. De igual manera contempla acotar los cargos de confianza política para que no intervengan en la carrera de los funcionarios de Estado; regular el teletrabajo en el sector público y sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad, el maltrato y el acoso laboral y sexual en los organismos públicos. De estos ejes, los más prioritario para los consultados fueron la creación de contratos indefinidos y con derecho a indemnización y el establecimiento del mérito como requisito de entrada al Estado. En ese sentido, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, señaló que «hoy el Estado representa el 30% del Producto Interno bruto (PIB) y es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas en temas tan importantes como salud, educación, vivienda, transporte o las transferencias directas que hemos hecho en programas sociales como el IFE universal». Y agregó que «para mejorar la calidad de atención que los usuarios reciben del Estado y entregar mayores oportunidades de desarrollo a los funcionarios públicos es que desarrollamos una inédita consulta pública con la participación masiva de 58 mil personas que ampliamente apoyaron un ante proyecto de ley que lo que busca es generar más confianza entre las personas e instituciones y mejorar la calidad de servicio que el Estado presta a la ciudadanía». Igualmente, la autoridad rescató que los pilares de «esta consulta pública incluían un contrato indefinido con indemnizaciones para los funcionarios públicos, que entregue seguridades pero también que enfatice mejor el desempeño pensando en mejores prestaciones a los usuarios, también incorporó, por ejemplo, avanzar en teletrabajo en el sector público o que el ingreso al Estado sea a través de programas de mérito, con concursos abiertos y competitivos». Principales conclusiones Uno de los principales resultados obtenidos en la consulta es que una amplia mayoría –el 90 % de los participantes- declaró que es muy importante avanzar en una reforma para mejorar la calidad del empleo público. Asimismo, el 85% percibe que la mejora en la calidad del empleo público impactaría directamente en el servicio entregado por el Estado a la ciudadanía. «Esta consulta pública incluían un contrato indefinido con indemnizaciones para los funcionarios públicos, que entregue seguridades pero también que enfatice mejor el desempeño pensando en mejores prestaciones a los usuarios, también incorporó, por ejemplo, avanzar en teletrabajo en el sector público o que el ingreso al Estado sea a través de programas de mérito, con concursos abiertos y competitivos» Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda. En esa línea, una de las iniciativas que genera acuerdo transversal, sobre todo a nivel de funcionarios, tiene que ver con simplificar, unificar y ordenar las modalidades contractuales de los funcionarios públicos. Hoy en el Estado coexisten al menos tres modalidades de empleo distintas: la planta, la contrata y los honorarios. Estas dos últimas son de carácter transitorio y no tienen derecho a indemnización en caso de despido. En este sentido, un 86% de los participantes de la consulta están de acuerdo o muy de acuerdo con la propuesta de otorgar un contrato indefinido a funcionarios públicos a «contrata» y «honorarios». En tanto, el 91% de los consultados apoya el derecho a indemnización para los empleados públicos. Cabe destacar que en septiembre de 2020 – última información disponible -, 420.018 personas trabajaban en el gobierno central, de las cuales 225.617 personas correspondían a personal a «contrata» (54%); 93.092 a personal de «planta» (22%); 46.655 a honorarios (11%) y 54.654 a otras modalidades (13%). Por otra parte, un 95% de los participantes apoya la selección por mérito de los funcionarios públicos en base a sus competencias, a través de concursos abiertos, competitivos y transparentes. Actualmente, según cifras del Servicio Civil, solo en un 50% de los casos los servicios públicos realizan concursos para seleccionar al personal. Consultados respecto a la necesidad de establecer un periodo de prueba al integrarse al servicio público antes de una contratación definitiva, el porcentaje de apoyo llega a un 82%. El anteproyecto de ley también propone limitar la cantidad de cupos para el nombramiento de los asesores de confianza de cada Gobierno (nombrados por la autoridad por confianza política, sin necesidad de un proceso de selección) que no podrá superar el 1% de la dotación máxima autorizada en cada mes del año fiscal para la Administración del Estado. De esta forma se pretende limitar la discrecionalidad de los nombramientos. «Una de las conclusiones de este proceso participativo es que una gran mayoría de las personas (95%) considera necesario establecer el mérito y la igualdad de oportunidades como requisito fundamental para el ingreso a la administración pública. Esa es la máxima que inspira esta iniciativa y detrás de la cual hay un apoyo transversal, de expertos, funcionarios públicos y de la ciudadanía en general» Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda. Al crear por ley una categoría de asesores de Gobierno, estos tendrían responsabilidad administrativa, al igual que el resto de los funcionarios, esta medida fue ampliamente apoyada, y contó con el respaldo de 87% de los participantes. En tanto un 80% de los participantes cree que los asesores de confianza deben cesar en su cargo automáticamente junto con la autoridad para no interferir en la carrera funcionaria del resto de los servidores públicos. A su vez, un 31% de los participantes considera que hoy no existen oportunidades de desarrollo laboral en el Estado, y, en ese sentido, un 85% considera necesario fortalecer los procesos de movilidad entre instituciones públicas (a través de concursos cerrados o internos), mientras que el 93% de los consultados cree que se deben mejorar las evaluaciones de desempeño en el sector público, de modo que exista una relación directa entre las notas obtenidas en la evaluación y el servicio prestado al ciudadano, por ejemplo. Ante estos resultados, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó que «una de las conclusiones de este proceso participativo es que una gran mayoría de las personas (95%) considera necesario establecer el mérito y la igualdad de oportunidades como requisito fundamental para el ingreso a la administración pública. Esa es la máxima que inspira esta iniciativa y detrás de la cual hay un apoyo transversal, de expertos, funcionarios públicos y de la ciudadanía en general». Asimismo, el subsecretario Weber señaló que «esta es una sentida reforma que ha sido postergada por décadas, y cuya finalidad es poder ofrecer un mejor servicio público, con la oportunidad y calidad que exigen los chilenos. Para ello los funcionarios públicos son imprescindibles y nos alegra que casi 34.000 funcionarios hayan sido parte de este proceso participativo y ciudadano. Ellos son la cara visible de un Estado que debe ser ágil para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía».